MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
La Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el procesado al entender que no se vulneraron ni el derecho al juez ordinario predeterminado por ley ni el derecho a la inviolabilidad del domicilio ni el derecho a la presunción de inocencia y un proceso con todas las garantías, así como tampoco el derecho a la tutela judicial efectiva y a una sentencia motivada.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez, no admite el motivo del procesado que esgrimía que la competencia para conocer el delito de asesinato era del Tribunal del Jurado y ha recordado que hay jurisprudencia que establece que las de índole técnica en materia de interpretación de las reglas generales de competencia entre órganos de jurisdicción penal ordinaria no dan lugar a la vulneración el derecho al juez ordinario predeterminado por ley.
En relación con el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el tribunal ha sostenido que el registro practicado durante la investigación policial se llevó a cabo "dentro del periodo de tiempo cubierto por la autorización". Además, pese a que ha reconocido la existencia de un conjunto de elementos de juicio que proceden del círculo de los imputados en la causa, ha determinado que estos están "plenamente corroborados".
DISCUSIÓN POR DROGAS
Según se recoge en los hechos probados del fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña, el procesado José Ramón B.V. asesinó a las víctimas, Javier Toledo y Manuel Ramón Luaces, en su casa de la localidad coruñesa de Aranga, en noviembre de 2008, durante una discusión por una deuda de drogas.
El Ministerio Público sostuvo asimismo que, días después del asesinato, su mujer, María del Pilar P.R., y los otros acusados, Antonio F.B., Mónica M.S., Alberto S.R., Ana Belén F. y Yago S.H., "dada su amistad", le ayudaron a descuartizar y ocultar los cadáveres en una vivienda de su propiedad en Culleredo (A Coruña).
Para estos últimos acusados, la Fiscalía solicitó penas que oscilaban entre los cinco años y los diez meses de prisión por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento y profanación de cadáveres, mientras que las defensas reclamaron su libre absolución. La Audiencia entendió que no había "indicios" o "pruebas" para su condena.
