MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha interrogado este jueves a cuatro exdirectivos de Caixa Penedés, a los que imputa un delito societario continuado de administración desleal por "garantizarse ilícitamente una desproporcionada ganancia" tras adjudicarse planes de pensiones millonarios. No ha adoptado contra ellos ninguna medida cautelar.
Con este trámite, el magistrado da por finalizada la instrucción y pide a la Fiscalía y resto de partes para que, en el plazo de diez días, soliciten la apertura de juicio oral presentando correspondiente escrito de acusación o bien el archivo de la causa.
La decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 1, insólitamente rápida, se produce tras tomar declaración durante algo más de tres horas al al exdirector general de la entidad Ricard Pagès Font y los exdirectivos Manuel Troyano Molina, Santiago José Abella y Juan Molina, contra quienes se dirigía la Fiscalía Anticorrupción.
En relación con las pólizas que podrían haber percibido, el juez instructor ya impuso a Pagès Fonty a Abellá una fianza correspondiente a las cantidades que habrían obtenido conla operación, más el tercio que establece la Ley, para satisfacer las responsabilidades civiles que podrían derivarse en el caso de que sean condenados. Pagés obtuvo 10,8 millones de euros y Abellá 1,9 millones.
A ESPALDAS DE LA ENTIDAD
En su auto el juez Pedraz señala que Pagès, prevaliéndose de su condición de director general de la entidad y utilizando al fallecido director de recursos humanos Jaime Jorba "diseñó una estrategia a largo plazo destinada a garantizarse ilícitamente una desproporcioada ganancia patrimonial a costa y a espaldas de la entidad, pensada para el momento en que por cualquier motivo cesaran o extinguieran su relación laboral".
Así, a partir de 2001 y sus ejercicios sucesivos, los imputados "te autoconcedieron derechos económicos no contemplados en sus contratos de trabajo "de por sí con elevados derechos reconocidos" mediante la suscesiva suscripción de pólizas en AXA AURORA VIDA y Zurich Vida hasta 2010, cuando se produjo la integración de Caixa Penedés en el Banco Mare Nostrum.
La estrategia consistía en realizar actuaciones para blindar los derechos contenidos en las respectivas pólizas y se hicieran efectivos poco después, según explica el auto en el que el juez Pedraz transforma las diligencias de investigación en procedimiento abreviado.
El juez aporta como indicios las fechas y cuantía de suscripción de las mencionadas polizas de seguro (con una prima inicial de 8.703.853,66 euros la de AXA AURORA VIDA con aportaciones totales que llegaron a 20 millones con fondos de Caixa Penedés y de 3.451.142,69 la de Zurich Vida) y los datos sobre su novación, que se realizó igualmente ocultándolo los exdirectivos a los órganos de la entidad y ampliando así de forma fraudulenta sus derechos económicos.
Se da la circunstancia de que todos ellos contaban ya con un plan de pensiones de elevadas sumas (525.759,32 euros en el caso de Pagés).
Para ocultar sus planes, los exbanqueros consignaron además globalmente en las cuentas anuales de la entidad las aportaciones realizadas a todas las pólizas de seguros de todos los directivos sin desglose o detalle en relación con los imputados. Con igual finalidad se hizo constar en el informe remitido a la CNMV.
Cuando se anunció el proceso de integración dada la delicada situación financiera de Caixa Penedés, los imputados consiguieron proponer a la Comisión Ejecutiva de la entidad unas modificaciones del sistema de retribución variable y compromisos con pensiones, "para con ello dar cobertura a sus ilícitos derechos económicos", según concluye el juez instructor. Dicha modificación se elevó a escritura pública el 2 de diciembre de 2010.
CESARON ANTES DEL CAMBIO NORMATIVO
Además, se concreta en el auto que tanto Pagès como el directivo ya fallecido causaron baja voluntaria en sus cargos el 30 de mayo d 2011, pocos días antes de la aprobación del Real Decreto en materia de retribuciones de altos directivos que traspuso al ordenamiento español la normativa comunitaria al respecto.
En el único razonamiento del auto, el juez señala que considera ya practicadas las diligencias esenciales para determinar las personas implicadas en los hechos, que a su juicio "pudieran constituir un delito societario continuado de administración desleal".
