MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato mayoritario en el sector de la Justicia, ha convocado a todos los trabajadores a participar en paros el próximo 20 de febrero en contra de la "privatización" y el "deterioro" de este servicio público. Esta fecha coincide con la huelga de jueces y fiscales anunciada por cinco asociaciones.
Así se ha expresado el sindicato después de que varios de sus representantes participaran en una reunión que ha mantenido la 'Plataforma Justicia para Todos' con el subsecretario de Justicia, Juan Bravo. Esta plataforma integra a sindicatos, al Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo de Consumidores y Usuarios.
CSI-F ha lamentado el "inmovilismo" del Ministerio, al tiempo que ha asegurado que "seguirá volcando todos sus esfuerzos" en la negociación guiado por la voluntad de diálogo. "Pero si el Ministerio mantiene su postura, después del 20 de febrero se estudiarán nuevas medidas de presión, no descartando ninguna", ha añadido.
En relación con la huelga convocada por todas las asociaciones de jueces y fiscales --salvo la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales--, el sindicato se ha felicitado de que este colectivo "se sume a las reivindicaciones que llevan defendiendo los trabajadores durante los últimos meses". Entiende que existe una cuestión "corporativa pero legítima" como es la reforma del Consejo General del Poder Judicial, pero, en todo caso, se ha felicitado de que se sumen a las movilizaciones.
EN PELIGRO UN MILLAR DE PUESTOS DE TRABAJO
En cuanto a la reunión mantenida en la sede ministerial, CSI-F ha destacado que el proyecto sobre el que está trabajando el departamento de Alberto Ruiz-Gallardón "no garantiza el 100% el carácter público de este servicio" y además "pone en peligro más de un millar de puestos de trabajo con carácter interino".
Otra de las reivindicaciones de la plataforma se ha basado en la necesidad de suspender la ley de tasas, algo sobre lo que CSI-F ha lamentado que el Ministerio no haya atendido sus razonamientos ni las "miles de firmas" recogidas entre los ciudadanos contra la "injusticia" de la nueva norma. 'Justicia para Todos' ha entregado al Gobierno más de 250.000 rúbricas en su contra.
Por último, el sindicato ha denunciado que el Ministerio no haya aportado datos que permitan garantizar la calidad y la eficiencia del servicio de la Justicia, mientras que tampoco ha dado "garantías para dignificar y reconocer las funciones que asume el personal de esta Administración por encima de las que tiene encomendadas".
