MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
Los sindicatos han reclamado este martes en la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia que el Registro Civil continúe siendo un servicio "público, universal y gratuito" para los ciudadanos y han mostrado su preocupación por los funcionarios que trabajan en sus oficinas ante los planes del Ministerio de transferir competencias a los registradores.
Los sindicatos han mantenido una primera toma de contacto con el Ministerio de Justicia de cara a la fijación de un calendario en el que mantendrán reuniones periódicas para seguir dialogando sobre el proceso de modernización de esta Administración y sobre las condiciones laborales del personal que presta servicios en ella.
Representantes sindicales se han reunido con el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, en la Mesa de retribuciones y empleo que afecta a la plantilla del 'territorio Ministerio', es decir, a las comunidades sin las competencias transferidas. Se trata de Extremadura, Islas Baleares, Murcia, Castilla y León y Castilla-La Mancha, según informó el Ministerio.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha valorado "positivamente" las conversaciones entabladas en lo que constituye un "foro legítimo" para dialogar sobre estas cuestiones y ha reclamado que la Justicia sea una "pieza clave" en la modernización de las Administraciones.
Javier Jordán de Urries, de CSI-F, ha aprovechado para defender que los funcionarios públicos son capaces de mantener el Registro Civil "sin necesidad de externalizarlo". "Estamos satisfechos con la primera reunión, a la expectativa de lo que sucede en las próximas reuniones y comprobar si hay margen de negociación o no", ha explicado a Europa Press.
Desde UGT, Carlos Paniagua ha valorado positivamente esta primera "toma de contacto" entre sindicatos y Ministerio. El sindicato ha expresado también su rechazo a la "privatización" del Registro Civil y su preocupación por los miles de funcionarios que actualmente trabajan en este servicio público.
Paniagua también se ha interesado por la situación en la que quedarán los interinos destinados en las oficinas del Registro Civil, a lo que el Ministerio le ha respondido que la reforma todavía está en fase de borrador, por lo que se encuentra abierto a la negociación.
CONTRA LA "DESAPARICIÓN" DE PUESTOS DE TRABAJO
Por su parte, el sindicato de CC.OO. ha llevado a la reunión un catálogo de propuestas concretas para la defensa de todos los puestos de trabajos en la Administración de Justicia así como el mantenimiento del servicio público. Pide que ninguna modificación legal suponga la "desaparición" de unos puestos de trabajo tan necesarios para el buen funcionamiento de los juzgados.
Según ha informado en un comunicado, el sindicato defenderá los puestos de trabajo con la "máxima contundencia y con todos los medios de acción sindical y legales" a su alcance si se acomete una "privatización" de los Registros Civiles. Reclama que las oficinas sigan siendo atendidas por personal de la Administración y consolidándose como "un servicio público, universal y gratuito para los ciudadanos".
CC.OO. pide anular la última modificación de la Ley del Poder Judicial relativa a la movilidad forzosa, revocar la Ley de Tasas Judiciales y convocar una Oferta de Empleo Público que contenga la "totalidad de las plazas no ocupadas por titulares".
La plataforma sindical ha exigido la "recuperación de las retribuciones recortadas desde mayo de 2010 y la restauración de todos los derechos laborales recortados en 2010, 2011 y 2012, incluidos los días de asuntos propios y vacaciones y el 100% del salario en bajas por enfermedad" al considerar que los recortes salariales han demostrado su "inutilidad e ineficacia" para crear empleo, superar la crisis y mejorar la Justicia.
El sindicato ha lamentado que los representantes de los trabajadores han sido citados por el Ministerio "tras 13 meses sin ningún tipo de negociación".
