BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS)
Los dos recursos, a los que ha tenido acceso Europa Press y que también son del resto de cargos públicos imputados, van contra el auto de incoación de diligencias previas, los autos que acuerdan el secreto y que se prorrogue, y los que acuerdan diversas intervenciones telefónicas de empresarios y del tío de Bustos, Melquíades Garrido.
Piden que la nulidad alcance "la totalidad de lo actuado", ya que sin el secreto no se habrían producido los pinchazos ni las entradas y registros ni el acopio de documentación en sedes empresariales ni las detenciones e interrogatorios.
Bustos, los concejales, cargos públicos y el jefe de la Policía Local reclaman que se levante el secreto de sumario porque el propio juez ya ha informado de quiénes son las personas investigadas, y ahora mantenerlo solo sirve para "la obstaculización del derecho de defensa de los distintos imputados".
Según el recurso, "extraña la decisión del juzgado" porque mantiene bajo secreto parte de la instrucción pero informa a las partes y a la opinión pública de las personas y hechos investigados, cuando el secreto es precisamente para evitar que los investigados sepan que están bajo sospecha.
Consideran que el secreto está "carente de fundamento" porque ya se conoce a los investigados y los distintos objetos procesales, y justifica que el hecho de que los imputados conozcan la causa no pone en riesgo el buen fin de la investigación.
"El injustificado aplazamiento irroga un prejuicio añadido a los funcionarios y cargos públicos frente a los que se sigue la investigación que sufren el envite y crispación de la opinión pública", alega el recurso.
ANULAR ESCUCHAS
Además, reclaman que se declaren nulas las escuchas y las actuaciones que hayan derivado por quebranto de los derechos fundamentales y por indefensión, e invocan la doctrina de los 'frutos envenenados' según la cual "la nulidad de las fuentes de prueba acarrea la contaminación de las diligencias".
Justifican que el derecho invocado no solo afecta a quien sufre la intromisión, sino a todas las personas que resultaron imputadas, ya que les alcanza el concepto de "interés legítimo que ostenta la persona cuyo círculo jurídico pueda resultar perjudicado por la violación de un derecho fundamental".
Aseguran que "tras tres años de investigación bajo secreto, en los que se ha contado solo con conversaciones telefónicas sin atender al contenido de los expedientes administrativos adjudicados, siguen sin aparecer indicios de irregularidad administrativa".
Añaden que, si se sospechaba de un inminente delito contra la administración pública en un determinado procedimiento de adjudicación, lo procesalmente adecuado "habría sido la inmediata intervención judicial para evitar su consumación".
Según el recurso, al tener conocimiento por la denuncia del empresario Nicolás Giner, el juez debería haber consultado los expedientes administrativos con el fin de saber su tramitación y resultado, "para lo que en absoluto resultaba necesario prolongar las intervenciones telefónicas ni practicar nuevas".
"En definitiva, el juzgado acuerda medidas de intervención telefónica por completo inadecuadas y de todo punto prescindibles para la averiguación del hecho", con lo que se incumple la exigencia de necesidad y proporcionalidad, argumentan.
