MURCIA, 14 (EUROPA PRESS)
Cámara continúa imputado por prevaricación en el marco de la operación 'Umbra', en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en la zona Norte del municipio. Esta operación comenzó en octubre de 2010, e investiga diversos convenios urbanísticos del Ayuntamiento de Murcia, como el desarrollo del complejo Nueva Condomina, el Casino del municipio y otros promovidos por distintas empresas de construcción en la citada zona norte.
En concreto, el informe del Ministerio Público es una contestación a un recurso del ex gerente de Urbanismo, Pedro Morillas, en el que se pedía el sobreseimiento, negando este extremo la fiscalía, para lo que se apoya en una serie de argumentaciones, entre ellas la de señalar al regidor capitalino como el "responsable político, el que negoció parte del convenio", dado que el edil de Urbanismo "fue apartado de este asunto y lo llevó directamente Cámara".
Un proyecto urbanístico el de Nueva Condomina en el que se cometieron un "cúmulo de ilegalidades", según han informado a Europa Press fuentes próximas al caso, que advierten que "no dieron una".
Y es que, explican, "ni la norma estaba en vigor ni la edificabilidad era correcta", entre otras cuestiones, siendo el responsable político de esta "serie de ilegalidades" el alcalde, ya que "asumió el convenio".
"Había una voluntad de sacar adelante el proyecto, que en principio era legítimo" de no ser porque "se hicieron las cosas saltándose la ley"; de ahí las "irregularidades" tanto en la redacción del convenio, como en su tramitación y en la aprobación del Plan Parcial en la zona Norte del municipio.
Entre las mayores ilegalidades cometidas, a juicio del Ministerio Fiscal, se encuentra que el Ayuntamiento "interpretó que parte de lo que tenía que recibir en aprovechamiento lo permutaba por el coste del estadio de fútbol, cuando la norma decía que tenía que recibir el 10 por ciento de aprovechamiento más el estadio". "Luego no había nada que permutar y esa idea es lo que produjo un perjuicio de 18 millones de euros", incide.
"También se saltó la ley en cuestión de aumentar la edificabilidad y en los usos de los suelos, ya que jugaron con dos normativas distintas: el anterior plan general de enero de 2001, aprobado por la Consejería y que fue objeto de publicación en el Boletín Oficial, por lo que entró en vigor y fue válido; y luego, para subsanar los defectos de esa orden, se aprobó un texto en mayo de 2001 y el Consistorio, sin esperar a que la Consejería lo aprobase, lo dio por válido y en vigor cuando no podía hacerlo".
Lo que se hizo, según el informe del fiscal anticorrupción, es que "se aplicaron conveniencias, lo que les interesaba de un texto y de otro, cuando eso no se podía hacer".
