MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha pedido a la Abogacía del Estado que se pronuncie sobre la demanda presentada por el Colegio de Abogados de Ourense en la que se reclama la suspensión cautelar de la orden ministerial que regula el pago de las tasas judiciales, informaron fuentes jurídicas.
El tribunal, que admitió a trámite la semana pasada la acción judicial interpuesta por los abogados orensanos, ha dado un plazo de diez días a los servicios jurídicos del Estado y la Fiscalía para que antes del próximo 17 de enero se pronuncien sobre la suspensión cautelar de la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se regula la autoliquidación de las tasas.
Esta demanda es la primera que se ha presentado contra el proyecto de Ley de Tasas impulsado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que contempla una subida de las tasas en la presentación de recursos de entre 50 y 750 euros en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
El escrito del Colegio, de 13 páginas, defiende que el 'tasazo' judicial supone "una violación del derecho a la tutela judicial efectiva", contemplado en el artículo 24 de la Constitución, y contraviene el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que "toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial".
ÁNIMO "RECAUDATORIO"
Del mismo modo, los abogados de Orense denuncian que la medida tiene un carácter exclusivamente "recaudatorio" y que las tasas no se aplicarán "a partir de la capacidad económica del contribuyente" sino del "coste del servicio prestado".
Además, ponen de manifiesto que para acceder al impreso de cobro es necesario tener un ordenador conectado a internet en el supuesto de que el ciudadano quiera hacer el trámite sin recurrir a un abogado. "Parece que el legislador no ha tenido en cuenta, en absoluto, a aquellos ciudadanos que utilizan los tribunales para resolver sus juicios de escasa cuantía", entre los que citan las "innumerables reclamaciones derivadas del derecho de los consumidores".
