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Según los abogados, la orden adolece de defectos, como por ejemplo la falta de previsión para el fraccionamiento del pago o la ausencia del preceptivo informe del Consejo de Estado. En una entrevista concedida a Ep, el presidente de la Abogacía, Carlos Carnicer, ha explicado que la asesoría jurídica del CGAE está preparando el recurso.
Contradicciones legales
Carnicer señala que <<hay varias razones para interponer ese recurso sin un ánimo dilatorio ni un ánimo de colapsar los juzgados>>. Días después de la publicación de la orden, la Agencia Tributaria emitió una nota informativa en la que establece la prohibición de <<aplazar, fraccionar o compensar>> el importe de la tasa. Sin embargo, la Abogacía advierte de que tal prohibición no existe en la propia ley de tasas ni tampoco en la Ley General Tributaria.<<Estamos haciendo que los españoles paguen los derechos fundamentales que la Constitución dice que son suyos>>, alertó Carnicer.
El presidente de la Abogacía desmiente al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando dice que las nuevas tasas afectarán sobre todo a las personas jurídicas. <<No es cierto. Las grandes compañías pueden compensar el gasto de las tasas con sus beneficios o desgravarse parte de la cuota como un gasto de empresa>>, detalla. <<Las tasas las van a pagar sobre todo los ciudadanos de a pie>>, recalca Carnicer. A su juicio, el Gobierno está cometiendo un <<error gravísimo>> al avalar una <<violación clarísima>> de los preceptos constitucionales.
Iniciativas para 2013
En este escenario, la plataforma <<Justicia para Todos>> ha recogido miles de firmas contra el texto y pondrá en marcha nuevas acciones en 2013 para defender los intereses de la ciudadanía. En concreto, la Abogacía trabajará en una propuesta para <<construir una Administración de Justicia moderna, de calidad y gratuita para los ciudadanos sin recursos>> que entregará al Gobierno. A su entender, la Administración de Justicia se ha convertido por la falta de voluntad política en el <<vagón que quedó desenganchado en la transición del resto de Administraciones públicas>>. Por ello, la solución pasa por aumentar los medios, entre ellos los telemáticos, y aumentar el número de jueces.
Sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que permitirá a la mayoría de vocales compatibilizar su cargo como vocal con el ejercicio de su profesión, Carnicer señala que el nuevo modelo <<debilita>> la institución. <<No puedo entender cómo yo, siendo abogado, puedo estar en mi despacho trabajando y un día al mes ir al pleno a repasar la enorme producción de acontecimientos generados en el Consejo del Poder Judicial. Yo me consideraría incapaz de desarrollar con tino, prudencia, certeza e inteligencia esas determinaciones. Creo que eso no es posible>>, concluye.
