SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)
En un auto dictado el pasado día 31 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya impone además una fianza civil de 173.941.928,06 euros al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez, para quien Anticorrupción pidió una fianza de 205 millones, y de 7.282.653,31 euros a su sucesor en este cargo, Daniel Alberto Rivera, para quien la Fiscalía solicitó el pago de 57 millones de euros.
En total, la juez que investiga los ERE fraudulentos ha exigido a estos tres exaltos cargos de la Consejería de Empleo 671,5 millones de euros en fianzas, las cuales no tienen por objeto eludir la prisión sino hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias que se determinaran en un futuro.
En el auto, consultado por Europa Press y que es recurrible, la magistrada pone de manifiesto que "resulta evidente" que las medidas cautelares adoptadas "tienen una decidida finalidad, cual es la devolución en la medida de lo posible de las ingentes cantidades de dinero que de manera indiciariamente ilícita han salido del erario de la Junta de Andalucía".
AYUDAS SOCIOLABORALES Y DIRECTAS
De igual modo, razona que, a la hora de establecer las fianzas, "sólo se han tomado en consideración las ayudas sociolaborales y directas que se han concedido en el periodo en que cada uno ejerció su cargo, sin tomar en consideración a los solos efectos de tales medidas los pagos de subvenciones anteriores".
Así, y en relación al caso de Barberá, la juez dice que las ayudas que, "con indiciario conocimiento de la total ausencia de procedimiento", fueron concedidas en su periodo como exviconsejero, ascienden a 367.743.072,62 euros, a lo que suma el tercio legal previsto, fijando por tanto la fianza civil en 490,3 millones.
En el caso de Juan Márquez, el importe de las ayudas concedidas "siendo sabedor de la misma ausencia de procedimiento" asciende a 130.456.446,05 euros, por lo que teniendo en cuenta el tercio legal referido la fianza se fija en 173,9 millones.
ADVIERTE DE POSIBLES EMBARGOS
Por último, y respecto a Rivera, la juez señala que las ayudas concedidas "conociendo la omisión del procedimiento de subvenciones y la fiscalización por parte de la Intervención General" suman 5.461.989,98 euros, "siendo éste el importe de las ayudas sociolaborales otorgadas en 2010", todo ello "al desconocerse si en los tres primeros meses de 2011 los pagos que se realizaron fueron de ayudas anteriores o de nuevas ayudas". Sumando el tercio previsto, la fianza es de 7,2 millones.
En el auto, la juez advierte de que, en caso de que los tres imputados no depositen la fianza exigida en el plazo previsto, se ordenará el embargo de bienes para cubrir dichas responsabilidades.
Los tres exaltos cargos comparecieron ante la juez instructora el pasado mes de julio, tras lo que fueron puestos en libertad con cargos.
