CÁDIZ, 5 (EUROPA PRESS)
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Cádiz, a la que ha tenido acceso Europa Press. Según la misma, la Junta de Gobierno Local habría concedido entre octubre de 2008 y junio de 2010 --en el segundo mandato de García Ortega como alcalde-- 40 licencias y autorizaciones relativas a edificaciones construidas en vías pecuarias, suelo no urbanizable e incluso en zonas de uso dotacional --es decir, para uso educativo, sociocultural, sanitario asistencial, deportivo, administrativo, etcétera--.
Concretamente, en el espacio de octubre a diciembre de 2008 se aprobaron siete, 26 en 2009 y seis en 2010. En todos los casos, contaban con un informe desfavorable de la Secretaría-Intervención municipal. La mayor parte de ellas tienen que ver con autorizaciones para la instalación y contratación de servicios de agua y luz, así como licencias urbanísticas para obras de construcción, arreglo y mejora en viviendas levantadas en vías pecuarias.
Otras actuaciones autorizadas, pese a tener informe en contrario, afectaron a espacios situados en zonas que no han sido objeto de desarrollo urbanístico según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en zonas de uso dotacional o directamente en espacios clasificados como suelo no urbanizable, donde, por ejemplo, la Junta de Gobierno Local dio el visto bueno a la colocación de solería.
El PSOE presentó la denuncia en mayo de 2011 ante la Fiscalía Anticorrupción, que, al entender que hay indicios de delito, presentó a su vez una denuncia para que por parte del juzgado se incoaran diligencias previas para comprobar los hechos denunciados, su autor y circunstancias concurrentes de relevancia penal.
En el auto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se propone que la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta en Cádiz determine cuál es la vía pecuaria afectada y cuál es el estado del procedimiento de deslinde. Reclama que se oficie a la Dirección General de la Inspección de Obras Públicas y Vivienda con objeto de que informe si las licencias concedidas son compatibles con la LOUA y con el PGOU de la localidad, al tiempo que pide al Ayuntamiento vallense toda la documentación referente a los expedientes reflejados en la denuncia.
El Juzgado de Instrucción número cinco de Jerez de la Frontera (Cádiz), que es el competente, ha remitido la documentación a la Fiscalía, que está procediendo a su estudio, mientras que el PSOE se ha personado como acusación particular en el caso.
Antonio García Ortega ha sido alcalde de San José del Valle de 1999 a 2003 y de julio de 2008 a la actualidad. También ha sido portavoz del PP en el Consistorio vallense de 1995 a 1999 y de 2003 a 2008. En la actualidad también es responsable de la delegación adjunta de Presidencia y Coordinación de la Diputación Provincial de Cádiz.
