MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, ha considerado "muy díficil" que las comunidades autónomas puedan devolver las competencias en materia de Justicia porque, según ha señalado, "las dinámicas políticas raras veces se encauzan en sentido inverso al que se ha tomado".
Llarena se ha manifestado de esta forma en relación con las palabras del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ha considerado un "error" las transferencias de Justicia y ha defendido que, "si es posible", esta competencia se devuelva a la Administración central al tener el actual modelo "los inconvenientes de un Estado federal y ninguna de las ventajas".
Desde la APM, de orientación conservadora, se considera que las "disfunciones" en la Administración de Justicia se producen por la "multiplicidad" de organismos que intervienen en la misma, en referencia no sólo a las comunidades autónomas sino también al Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Por eso, Llarena ha defendido la necesidad de "una correcta ordenación de todas las administraciones implicadas" y un modelo en el que el órgano de gobierno de los jueces asuma la gestión de los medios tecnológicos de la Justicia. "Las comunidades autónomas han asumido los medios en materia de Justicia y no se ha producido duplicidad, no hay dos sectores de la Administración abarcando el mismo espacio", ha defendido.
RESPALDO DE LOS FISCALES
Por su parte, el portavoz de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, ha señalado que Torres-Dulce ha hecho "un diagnóstico de algo que es problemático" porque la asunción de las competencias en materia de Justicia por parte de las comunidades autónomas crea "disfunciones", como "la existencia de múltiples registros o la falta de un sistema que unifique los procedimientos".
Tras señalar que la única ventaja que ofrece el actual sistema es "una gestión más próximas", Roma ha indicado a Europa Press que la Justicia española continúa "anclada en el siglo XIX" tanto en lo que se refiere a la organización territorial como al hecho de que los procedimientos se siguen haciendo "en papel".
