MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS)
El exalcalde de la localidad malagueña de Manilva Pedro Tirado, acusado de un delito de cohecho en el caso 'La Parrada', en el que se ha investigado la operación urbanística desarrollada en la parcela del mismo nombre, ha reiterado su inocencia en su derecho a la última palabra del juicio. "Jamás he recibido ni dinero ni regalos de los acusados ni de sociedades relacionadas con ellos", ha insistido.
El juicio ha quedado este viernes visto para sentencia en la Sección Octava de la Audiencia de Málaga. La Fiscalía modificó sus conclusiones iniciales y pide finalmente para Tirado una multa de tres millones de euros y suspensión para empleo o cargo público por tres años. Además, hay otros tres acusados, como son el cuñado del exregidor, un amigo de éste y un empresario.
Como ya hicieron en las cuestiones previas, las defensas de los procesados han incidido en la nulidad del procedimiento, que procede del caso 'Ballena Blanca', ya que entienden que todas las escuchas telefónicas fueron anuladas en la sentencia dictada respecto a esa causa. Además, consideran que no se puede utilizar la declaración "exculpatoria" que hizo en ese proceso uno de los aquí acusados.
Además, los letrados han coincidido en que "no hay ni una sola prueba" para condenarlos, a raíz de las declaraciones de testigos en el juicio, ni tampoco de que existiera una acción conjunta. Además, han insistido en que el fiscal "no ha sido capaz de identificar ni un solo hecho que haga que fluya la idea de culpabilidad", por lo que han pedido la absolución de sus patrocinados.
En el caso de Tirado, su defensa, alternativamente, ha planteado que en todo caso sería un delito del artículo 426, estimando tres meses de multa y aplicación de dilaciones indebidas. Sobre los 762.000 euros hallados en la vivienda del exregidor, el letrado ha recordado que testigos corroboraron la existencia de donaciones al Partido Democrático de Manilva (PDEM), versión dada por el exalcalde.
El fiscal sostiene que Tirado y su cuñado, Francisco Calle, "aceptaron la proposición de ser beneficiados con una importante suma de dinero" a cambio de la firma de un convenio que suponía aumentar la densidad de vivienda por hectáreas en la finca, adquiridas por la sociedad Royal Marbella Estates por 9,7 millones de euros, con el fin de elevar el valor y hacerla "llamativos" para los compradores.
En este sentido, las defensas han incidido en que dicho convenio, aunque podría haber influido en la plusvalía, --la parcela se vendió por 117 millones de euros-- no era fundamental, además de que no se aprobó. También han dicho que el representante del ministerio público "no ha aportado pruebas" para acreditar la causalidad entre el convenio y el aumento de valor.
Los letrados creen que el fiscal hace afirmaciones "gratuitas y sin apoyo objetivo", como que de ese aumento del valor "quiso participar el alcalde, no para el pueblo al que representa sino para su propio enriquecimiento" o que el cuñado del entonces regidor participó en las reuniones con la empresa y que creó una sociedad con el empresario acusado sólo para canalizar los supuestos sobornos.
Al respecto, la defensa del cuñado ha indicado que se trataría "de un plan criminal un tanto ridículo" el constituir una sociedad con la persona que supuestamente ofrece la dádiva para canalizar este dinero hasta el regidor, pues "se deja constancia expresa de la vinculación". El letrado del empresario acusado Aki Kujala se ha sumado al resto de compañeros y ha incidido en desvincular a su cliente de la empresa Royal Marbella Estates y las decisiones.
