MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
En la sentencia, hecha pública este martes, también se confirma la condena a siete años de inhabilitación que la Audiencia gaditana impuso a dos de sus exconcejales, Manuel Aguilera y Alfonso González Carbonell, por el mismo delito.
El alto tribunal considera probado que Juárez y los dos concejales repartieron puestos de trabajos "no acreditados como necesarios o urgentes", entre personas "afines políticamente" al equipo de gobierno que acababan de configurar tras las elecciones municipales de 1999, algunos de ellos incluso se habían presentado en las listas por el GIL y no habían sido elegidos.
La sentencia señala que los acusados sabían que existía un procedimiento administrativo a cumplir para realizar los contratos pero que "no se cumplió la normativa administrativa" y, además, mantiene que había un concierto entre los tres para contratar a esas personas y que no existió "un proceso de selección y valoración de méritos" sino unas "actas oficiales de selección y propuestas de contratación puramente cosméticas o 'de escaparate' sin fundamento real alguno".
Los contratos se realizaron "sin oferta oficial que pudiera llegar a conocimiento de todos los habitantes del municipio", es decir, sin un "sistema para valorar las aptitudes para el puesto", pero se empleó un "aparente procedimiento selectivo" para justificar "de manera torticera y arbitraria" la contratación de los trabajadores, cuyo único mérito conocido --añade el fallo-- era ser "correligionarios" de los acusados en el GIL.
Para el Supremo, Juárez, Aguilera y González "sabían lo que hacían", tenían "plena conciencia de la ilegalidad" y eran "plenos conocedores de la flagrante y grave irregularidad cometida, pues la contratación se realizó con conocimiento de que no se sometía a esas nueve personas contratadas a ningún tipo de selección".
NINGUNA JUSTIFICACIÓN
La sentencia, que también obliga a los tres al pago de las costas ocasionadas por los recursos que plantearon, también se ampara en un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía que recogió, entre otras irregularidades, que en el Ayuntamiento de La Línea en 1999, "no consta que se hubiera utilizado ningún sistema de selección para las contrataciones de personal laboral temporal, ni consta la existencia de bolsas de trabajo o la utilización de algún criterio objetivo para la selección de personal".
Además, recoge que las actas de selección y propuesta de contratación de las nueve personas que fueron contratadas como empleados públicos no contienen ninguna indicación de las valoraciones que pudieran haberse realizado para seleccionar a las personas propuestas, ni se explica si se tuvieron en cuenta otros aspirantes a plaza y sus méritos.
Las mismas, tampoco exponen las razones que llevan a formular la propuesta de contratación de personas determinadas por razones de urgencia y necesidad, en que se fundamentaba la resolución del entonces alcalde y en todos los casos se procedió a contratar a las personas propuestas, según refleja la sentencia.
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