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Tasas judiciales

Facua tacha de inconstitucional la subida de las tasas judiciales

16/05/2012
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Facua-Consumidores en Acción ha tildado de inconstitucional la medida proyectada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para cobrar a los ciudadanos el coste de unos trámites judiciales que ya pagan con sus impuestos, según informa en un comunicado.

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La asociación recuerda que el artículo 24.1 de la Constitución Española (CE) establece que "todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión".

Por ello, Facua considera un "abuso" la imposición de unos costes que, por ejemplo, llegarían casi a los 1.000 euros para una persona física por una apelación en un juicio verbal por una cuantía de 3.001 euros, cuando en la actualidad este trámite supone tan sólo un depósito de 50 euros que se devuelven si resulta estimado.

La asociación cree que el Gobierno está difundiendo de forma "malintencionada" la idea de que se dan "situaciones de abuso" por parte de la ciudadanía en la Administración de justicia, y duda de con este tipo de medidas se evite la saturación que padece el sistema judicial.

Precisamente en los momentos de crisis económica como los actuales, cuando se produce un mayor incremento de los fraudes y abusos, el Gobierno debería velar por que los ciudadanos puedan reclamar sus derechos ante los tribunales, en lugar de imponerles más trabas, insiste Facua.

Además, la asociación critica que esta reforma pasa por alto el refuerzo de los mecanismos como la mediación, que podrían contribuir a disminuir la excesiva ligitiosidad a través de la solución extrajudicial de conflictos.

Facua se suma así a las críticas recogidas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe que se debatirá esta semana y ve también excesiva una medida erradicada desde 1986 "para que todos los ciudadanos pudieran obtener justicia".

Por último, la asociación acusa al Gobierno de "oportunismo" político y económico al pretender extender ahora estos costes a toda la ciudadanía, y estima el gesto contrario a los motivos por los que se retiraron hace ya más de 25 años.

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