PALMA DE MALLORCA, 07 (EUROPA PRESS)
El juez instructor del caso Bomsai, Juan Catany, ha imputado a la exconsejera insular de Deportes y Promoción Sociocultural, Dolça Mulet, quien ha sido citada a declarar el próximo día 25 para ser interrogada en torno a las subvenciones que obtuvo de la anterior Consejería el empresario Jaume Fluxà -quien estuvo afiliado a Unió Mallorquina (UM)- pese a estar declarado insolvente, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.
El magistrado ha acordado su encausamiento un año después de que así lo solicitase el fiscal anticorrupción Miguel Ángel Subirán tras la comparecencia que efectuó el empresario, quien admitió haber percibido subvenciones por valor de unos 54.000 euros de la Institución insular entre 2004 y 2006 a pesar de que no estar al día en el pago de sus deudas y en sus obligaciones tributarias, requisito imprescindible para acceder a las ayudas de la administración.
Es más, Fluxà manifestó que percibió estos pagos tras haberse entrevistado con la propia Mulet para que ésta apoyase las subvenciones. Tal y como precisó, en 2004 recibió una subvención de 24.000 euros del Consell y por la misma cantidad en 2005, mientras que en 2006 la Institución y el Ayuntamiento de Pollença otorgaron 6.000 euros a la organización de la Nit Niu, de la que Fluxà era impulsor a través de la empresa Puerto Pollença Leisure, que se encuentra inactiva.
De hecho, también han sido citados los dos hijos del empresario, quienes figuran como participantes a partes iguales en Puerto Pollença. En su caso, ambos han sido emplazados a declarar el 8 de junio.
Se trata de una de las líneas de investigación de esta causa, en el marco de la cual se indaga un presunto desvío de fondos públicos desde el Gobierno balea a través de la empresa pública CAIB Patrimoni, durante el proceso de adjudicación para construir la nueva sede de la Consejería de Salud y la del parque de bomberos.
En este contexto, las pesquisas apuntan a que la mercantil Atlas, que asesoró a CAIB en materia financiera y jurídica y confeccionó el pliego de condiciones que debía servir a la hora de efectuar las adjudicaciones, facturó de forma irregular a la UTE ganadora del concurso para la ejecución del parque de bomberos un total de 426.216 euros en concepto de honorarios de éxito, así como 142.848 euros a la concesionaria de la construcción de la Consejería. Unos abonos que suponían el 1,8 por ciento del volumen de inversión de cada uno de los proyectos.
Los investigadores apuntan a la ilegalidad e improcedencia del pago de los honorarios de éxito con la finalidad de que fuesen abonados por el contratista, ya que estos abonos son incorporados por la UTE adjudicataria al coste del proyecto y, por tanto, sufragados directamente desde las arcas públicas. Es más, hacen referencia a una falta de proyecto y de presupuesto para efectuar estas contrataciones, al fraude de ley cometido, a la innecesario del gasto y a la desproporción en el precio del servicio.
Cabe recordar que entre las ocho personas que fueron detenidas en el marco de este procedimiento se encuentran el exdirector general de Tributos, Jorge Sainz de Baranda, el de Emergencias, Joan Pol (ambos en libertad bajo fianza de 50.000 y 30.000 euros, respectivamente) y el exgerente de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, mientras que también está imputado el exconsejero de Economía, Lluís Ramis de Ayreflor, para quien la magistrada sustituta Margarita Bosch decretó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.
