MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha considerado que hay "prueba directa" y "contundente" para confirmar la sentencia de la Audiencia Nacional que impuso a los islamistas Zohair Khadiri y Djilali Boussiri penas de 10 y 6 años de prisión, respectivamente, por ayudar a huir a seis autores de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid.
La Audiencia Nacional consideró acreditado que ambos estaban integrados en una red islamista cuyo objetivo era ayudar a huir a los autores materiales de la masacre. Disponían de un inmueble al que sus ocupantes denominaban 'Al Kalaa' (La Fortaleza) para dar cobijo a prófugos de la Justicia y a radicales dispuestos a hacer la 'yihad'.
La representante del Ministerio Público ha defendido esta posición en una vista pública celebrada este jueves en el alto tribunal para revisar los recursos de estos dos acusados, así como el de Nasreddine Ben Laidine. Mientras que los primeros fueron culpables de un delito de integración terrorista, el tercero fue condenado a dos años de cárcel por tenencia de útiles para la falsificación.
La fiscal ha defendido que el tribunal no tuvo "ninguna duda" a la hora de dictar su sentencia condenatoria en la que valoró los envíos de dinero remitidos a terroristas, la "ingente" cantidad de material para la falsificación incautada o el hallazgo en sus domicilios de CDS con los discursos de un profesor de la Universidad de El Cairo, "considerados por algunos como un radical salafista".
Las cinco acusaciones personadas -entre ellas la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y varios particulares_ han pedido la desestimación de los recursos al entender que existe "prueba de cargo obtenida válidamente" para condenarles.
DENUNCIA QUE SE PUDO USURPAR SU IDENTIDAD
La defensa de Nasreddine Ben Laidne, acusado de un delito de falsificación, ha reconocido que su cliente admitió la tenencia de esos útiles pero que ello no corrobora que estuvieran "preordenados" para falsificar documentos y, de hecho, no se encontró "ni un sólo" escrito.
Tras pedir su absolución, ha solicitado de forma subsidiaria que la pena se "modere" por la "presión descomunal" y la "pena de banquillo" que sufrió al ser acusado en un principio de integración en organización terrorista, un ilícito del que resultó absuelto.
Por su parte, el abogado de Zohair Khadiri ha subrayado que varios acusados en la 'operación Tigris' dijeron "no conocer de nada" ni "tener noticia" de su patrocinado y que los informes policiales atestigüaron que "en ningún momento" se le vio "entrar o salir" en el inmueble que daba cobijo a los huidos del 11-M en la localidad barcelonesa de Santa Coloma de Gramanet.
Además, ha planteado que su cliente pudo ser víctima de un delito de usurpación de identidad ya que no firmó los sobres de dinero remitidos a los terroristas. Sobre los CDS con doctrina yihadista, ha advertido de que "el reino de España mantiene convenios con la Universidad de El Cairo", en la que trabaja el profesor que pronunciaba el discurso.
Finalmente, el abogado defensor de Djilali Boussiri ha cuestionado las conversaciones telefónicas valoradas en la prueba de cargo al estimar que no tienen entidad suficiente para considerarle integrante de la red terrorista.
El tribunal del Supremo ha estado presidido por el magistrado y exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, que ha deseado el "máximo éxito en su carrera profesional" a un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Francisco de Vitoria que presenciaba la sesión. El ponente de la sentencia será el juez José Manuel Maza, según informaron fuentes jurídicas.
