MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
Los secretarios de Acción Sindical de CCOO y UGT, Ramón Górriz y Toni Ferrer, han enviado una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, solicitándole una entrevista para conocer el anteproyecto de ley de revisión de tasas judiciales.
Este texto, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, impone una subida de las tasas judiciales en segunda instancia para reducir la litigiosidad en los juzgados y sufragar la Justicia gratuita.
Las plataformas sindicales defienden que "no hay razón alguna" y "menos aún" tiene fundamentación constitucional la introducción de tasas en los juzgados de lo Social que sean exigibles a los trabajadores o a los beneficiarios del sistema público de Seguridad Social.
A su entender, tampoco tendría sentido imponer su coste a funcionarios y personal estatutario ni a los "sindicatos y representación legal de los trabajadores".
A este respecto, han trasladado al titular de Justicia que el "derecho a la asistencia jurídica gratuita de los trabajadores, con todas sus consecuencias procesales, viene rigiendo ininterrumpidamente en nuestro país desde hace mas de un siglo".
EL TRABAJADOR LA "PARTE MÁS DÉBIL"
En la carta remitida al departamento de Justicia, los sindicatos han defendido que los integrantes de este colectivo debe quedar exentos también en el orden de lo Contencioso-Administrativo cuando reclaman en su condición de "trabajadores", beneficiarios del régimen público de la Seguridad Social, funcionarios o personal estatutario.
La misiva, con fecha del 23 de abril, recoge doctrina del Tribunal Constitucional que pone de relieve la "desigualdad originaria" entre empresario y trabajador, y señala a éste último como la "parte más débil de la relación de trabajo" y, por ello, le otorga una mayor accesibilidad a la jurisdicción.
Por todo ello, los representantes sindicales quieren transmitir personalmente a Ruiz-Gallardón su "profunda inquietud" en esta materia y solicitan reunirse con él para conocer directamente el sentido del texto.
Las organizaciones han hecho así referencia en un comunicado a la posibilidad de que el Gobierno incluya como sujetos obligados al pago de una nueva tasa para interponer recurso de suplicación o casación a los trabajadores, a los beneficiarios de la Seguridad Social, a los funcionarios y personal estatutario.
