OVIEDO, 11 (EUROPA PRESS)
Sorando ha tomado esta decisión después de recibir una sanción leve por realizar unas declaraciones en prensa, tras una queja formulada por el fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero. Si ninguna de las partes recurre el auto por el que Sorando renuncia al caso, el asunto se adjudicará a otro juez, según el cuadro de sustituciones previsto para estos casos.
Ángel Sorando es el segundo juez que se hace cargo de este asunto, después de que la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, ordenase en el mes de abril de 2011 la inhibición del conocimiento de causa por parte de la jueza de Instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella.
Fue precisamente Pandiella la que inició las investigaciones de este asunto como consecuencia de una denuncia particular. En enero de 2011 ordenó entonces el ingreso en prisión del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, de la que fuera su número dos, María Jesús Otero, y de la funcionaria Marta Renedo Avilés. Se hablaba de delitos de malversación de caudales públicos, de prevaricación y de fraudes y exacciones ilegales.
La juez decretó el secreto de sumario, lo que no daba acceso a las partes a sus investigaciones. También dos empresarios fueron detenidos por el caso y finalmente, tras pagar la fianza correspondiente, volvieron a sus casas.
Pero tras un recurso del Ministerio Fiscal, La Audiencia Provincial justificó en abril de 2011 su decisión de trasladar el asunto a Oviedo argumentando que los delitos se habían cometido en la capital asturiana, que es donde tiene su sede la Administración defraudada _el Principado de Asturias_, donde trabajaban tres de las personas imputadas (José-Luis Iglesias Riopedre, María-Jesús Otero Rebollada y Marta Renedo Avilés), y desde donde necesariamente se ordenaron los supuestos pagos.
Riopedre salió de la cárcel de Villabona el 7 de marzo de 2011 tras el pago de una fianza de 100.000 euros, con el compromiso de comparecer periódicamente en el juzgado.
Posteriormente, seis meses después de su ingreso en prisión, volvería a su casa Otero, bajo fianza de 200.000 euros. Entonces ya estaba el caso en manos de Sorando que había levantado parcialmente el secreto de sumario.
La última en salir de la cárcel ha sido la funcionaria Marta Renedo. Lo hizo en el mes de septiembre, tras pagar una fianza de 200.000 euros.
Los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez también están imputados en este asunto de presunta corrupción en la Administración asturiana, que también afecta a más personas. De hecho, el pasado mes de febrero se conocía la destitución de la subdirectora de gestión de Cabueñes, imputada por este asunto.
