UNA HUELGA IMPULSIVA
Todos éramos conscientes de que la respuesta de las organizaciones sindicales a la reforma laboral era la huelga general. Lo que ha sorprendido es la rapidez con la que se ha convocado, teniendo en cuenta que el Real Decreto ley 3/2012, por el que se aprobó la reforma laboral, se encuentra pendiente de tramitación parlamentaria y tiene tan sólo un mes de vigencia. En tan poco tiempo, resulta imposible hacer una valoración real de la repercusión que ésta puede tener en los derechos de los trabajadores y de si realmente va a servir para crear empleo.
Es por ello que oponerse frontalmente a la reforma laboral con una medida tan drástica como la convocatoria de una huelga general, que tiene un claro impacto negativo para la imagen exterior del país y para su economía, cuando aún no se han podido valorar sus consecuencias reales, ni conocer si supone para los trabajadores un beneficio mayor que el sacrificio que les impone, es del todo desmesurado.
La huelga general supone una respuesta precipitada, porque para afirmar que la reforma acaba “con los derechos laborales y sociales; con todo”, como aseguran los convocantes, y descartar a priori que sea capaz de cumplir el objetivo por el que se aprobó, crear empleo, es necesario tener una perspectiva que nos permita realizar afirmaciones en base a datos objetivos.
Es más, la reforma es una medida que ha adoptado el Ejecutivo teniendo en cuenta que determinados aspectos podían ser tildados de impopulares, por lo que es poco probable que la huelga le vaya a hacer cambiar de opinión. En definitiva, la huelga general del 29 de marzo es una medida precipitada que difícilmente servirá para los fines para los que fue convocada.
