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Decisión de la Sala de lo Penal

La AN endurece la prescripción de los delitos cometidos por etarras huidos

14/03/2012
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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado endurecer los criterios de prescripción de delitos ampliando los motivos que generan una interrupción del plazo de caducidad. Durante la celebración de un pleno no jurisdiccional los magistrados han decidido que la mera solicitud de extradición de un reclamado por la Audiencia Nacional sirva para detener el cómputo de años transcurridos desde la comisión del delito.

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) –

Esta modificación afectará a aquellos reclamados por la comisión de delitos de terrorismo que se encuentran huidos en terceros países con los que no rigen convenios de entrega como es el caso de la nutrida colonia de miembros de ETA en Venezuela.

Según informan fuentes jurídicas, el pleno --que sienta una directriz que acatarán los magistrados de la Audiencia Nacional-- fue convocado a raíz del caso del etarra Eugenio Barrutiabengoa Zabarte.

Barrutiabengoa Zabarte, alias 'Arbe', de 56 años, perteneció a los Comandos Autónomos Anticapitalistas de ETA. Vivía con su esposa María Ángeles Artola Echevarría, en Caracas (Venezuela), donde fue expulsado por Francia el 2 de junio de 1984.

La entrega de 'Arbe' fue solicitada a las autoridades venezolanas sin éxito en junio de 1996. Se le reclama por la comisión de casi una decena de asesinatos cometidos a finales de los 70 y principios de los 80.

En concreto Barrutiabengoa está acusado de los asesinatos del fotógrafo Germán González López, en Zumaya (Guipúzcoa), en octubre de 1979, y de Juan Luis Aguirreurreta Arzamendi, en Mondragón, en noviembre de ese mismo año. En mayo de 1980 participó, según defiende la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el atentado al empresario Jesús Casanova Salazar, que quedó gravemente herido.

Además está acusado de los asesinatos de los guardias civiles Justino Quindos, Elio López y Julio Muñoz en Azcoitia (Guipúzcoa), en junio, y de la muerte del delegado de Telefónica en San Sebastián, Juan Manuel García Cordero, en octubre del mismo año.

Se le imputa también el asesinato del guardia civil Aurelio Prieto Prieto y las heridas a otro agente, en noviembre de 1980 en el monte Izaskun (Tolosa) y la muerte del empresario de Azpeitia (Guipúzcoa) Ignacio Lasa Errezola, en diciembre del mismo año.

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