SEVILLA, 12 (EUROPA PRESS)
Así, la letrada de Carcaño, Paloma Pérez Sendino, ha informado a Europa Press de que fue el pasado día 7 de marzo cuando formalizó el recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.
En este sentido, ha explicado que, "siguiendo expresos deseos" de su defendido, se ha solicitado en el recurso que los hechos sean constitutivos de un homicidio simple y que la pena a imponer sea la de 12 años y medio de prisión, frente a la condena de tres años que la abogada pidió en el juicio por un delito de homicidio por imprudencia.
De igual modo, Pérez Sendino ha explicado que, en el recurso, solicita que se mantenga la libre absolución de su patrocinado por los delitos anteriores que estaba acusado, como son de violación, profanación de cadáveres y contra la integridad moral.
Hay que recordar que tanto la Fiscalía como la acusación particular que ejercen los padres de Marta elevaron ya sus respectivos recursos ante el Supremo y solicitaron la condena del resto de acusados así como la repetición del juicio, ya que, en el caso del Ministerio Público, considera que se trata de un fallo "inadmisible desde los parámetros de la lógica" y que contiene afirmaciones de hechos "imposibles".
En el recurso elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público plantea cinco motivos de casación y reclama que "se acuerde la nulidad de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio con una Sala que tenga una nueva composición", ya que considera que "la respuesta en derecho que ofrece a nuestras pretensiones tiene el carácter de gravemente errónea y arbitraria, dicho sea con todo respeto al esforzado trabajo realizado" por la Sección Séptima.
El recurso de la Fiscalía, de 27 páginas de extensión, alega como motivos de casación la infracción de precepto constitucional en relación con los principios de seguridad jurídica y del derecho a la tutela judicial efectiva, así como la infracción de ley en relación a la indemnización de 616.000 euros por las sucesivas búsquedas del cuerpo de la joven y al hecho de que la Audiencia Provincial no haya apreciado el delito contra la integridad moral.
