SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que investiga una presunta trama de prejubilaciones ilegales descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados con cargo a la partida presupuestaria 31L, ha imputado hasta seis delitos al que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, quien se ha ratificado en su declaración policial y ha pedido ampliarla, según fuentes del caso.
Durante más de una hora --entre las 11.25 y las 12.40 horas--, la magistrada ha realizado un "extensísimo" y "didáctico" relato de los hechos que imputa a Francisco Javier Guerrero, a quien atribuye, según las fuentes consultadas, sendos delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
En su relato de hechos, la magistrada Mercedes Alaya ha hecho referencia a la declaración prestada por el que fuera chofer del imputado, Juan Francisco Trujillo, según la cual, y en palabras de la juez, ambos, "al término de su jornada laboral, se iban a bares de copas a consumir cocaína y alcohol con parte del dinero de las ayudas públicas", ante lo cual Guerrero ha negado con la cabeza. Según la instructora, estas ayudas iban dirigidas fundamentalmente "a ayuntamientos del PSOE" y a personas vinculadas con Guerrero y de la esfera socialista.
La juez ha citado, "una a una", todas las ayudas que Guerrero concedió a las distintas empresas investigadas, fundamentalmente las dirigidas a las empresas vinculadas a la Sierra Norte y, dentro de ellas, las concedidas a José Enrique Rosendo Ríos, hijo del exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, y a su entonces persona de confianza, José María Sayago Lozano, que habrían recibido 29 millones de euros en ayudas, así como las ayudas al sector de "El Pedroso" y "Guadalcanal".
Además, la magistrada ha asegurado que el imputado tenía conocimiento de la inclusión de 'intrusos' en las empresas investigadas, citando el caso de María del Carmen Fontela, incluida en el ERE del restaurante Río Grande, momento en el que Guerrero "también ha negado con la cabeza", según las fuentes del caso consultadas.
Tras leerle los hechos que se le imputan, la magistrada ha realizado un breve receso de unos 20 minutos, tras todo lo cual ha comenzado el interrogatorio del exalto cargo de la Junta, aunque por el momento lo único que ha trascendido de esta declaración es que "ha ratificado su declaración policial y ha pedido ampliarla", según las mismas fuentes.
