MADRID, 2 (EUROPA PRESS)
En declaraciones a Europa Press, Mar Soriano, portavoz de la 'Plataforma afectados clínicas de toda España. Causa de los niños robados', ha destacado que la figura del fiscal coordinador era un "paso necesario" que había que dar en este caso. "Ya está bien de tanta heterogeneidad en criterios", se ha lamentado.
En este sentido, ha señalado que Torres-Dulce "ha ratificado algo que estaba en el aire como es la unificación de criterios en las Comunidades Autónomas y ha hacer una llamada de atención para que aquellos familiares que tengan causas activas actualicen sus denuncias para que se vuelvan a revisar".
El fiscal general del Estado ha solicitado la colaboración "de las autoridades, el Estado central y las comunidades autónomas" para "sacar adelante" las investigaciones y ha recalcado que la ayuda de ambas administraciones resulta "imprescindible en muchos casos para llegar a los medios para sacar adelante las investigaciones".
"Se trata de despejar cualquier duda que por parte de la ciudadanía pueda haber de actividades delictivas que en el pasado puedan haber producido estos desgarros familiares absolutamente intolerables", ha dicho.
Asimismo, ha asegurado que su secretaría técnica está compilando y recibiendo continuamente las actividades de la distintas fiscalías que han abierto diligencias o están colaborando judicialmente en los procesos abiertos, en algunos casos con satisfacción de respuestas que no resulta fácil ni investigar ni calificar jurídicamente.
REIVINDICACIONES
El pasado 10 de febrero, cinco asociaciones de niños robados expusieron sus reivindicaciones al secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, y a día de hoy permanecen a la espera de una nueva reunión para concretar las medidas a adoptar tras haberle enviado un informe con sus demandas.
Entre las reivindicaciones trasladadas el pasado día 10 de febrero por la Plataforma Nacional de Niños Robados, la Asociación andaluza de Bebés Robados, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), el Colectivo Sin Identidad de las Islas Canarias y SOS Bebés Robados figura la reapertura de la Comisión de Justicia para llevar a cabo las actividades que competen a la causa.
En su defecto, reclaman la nueva creación de una comisión interdepartamental específica o grupo especializado de investigación horizontal y multidisciplinar de ámbito nacional y que ofrezca cobertura internacional, que debe acometer igualmente acciones de investigación que verifiquen incluso adopciones que con carácter irregular pudieran haberse originado al margen del consentimiento de sus progenitores o engaño.
Igualmente, reclaman que se inste a los fiscales provinciales a llevar a cabo actuaciones de uniformidad sobre la base de detección ilegal y que se proceda a no archivar las causas aludiendo a razones de imposibilidad del cotejo de las analíticas de ADN.
Asimismo, piden que el tratamiento de responsabilidades penales y los procedimientos de búsqueda sean gestionados de forma totalmente independiente, así como la incorporación en la Base de Datos del Banco de ADN que dispone el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para las familias afectadas.
Sobre este último punto, piden que facilite las comprobaciones de los perfiles genéticos, sin costes adicionales o divergencias de criterio de laboratorios privados, que la cobertura sea tanto de ámbito nacional como internacional y que no estén condicionadas a lo que los jueces acrediten.
En el caso en que la denuncia siga siendo el único procedimiento que tiene la familia para realizar las búsquedas, reclaman que sea ésta el vehículo que permita la solicitud por derecho de la recogida de las analíticas de ADN en el propio Estado.
Las asociaciones de niños robados exigen a Justicia la apertura de archivos para poder investigar y al de Interior le piden colaboración con Grupos Especializados, formados por Justicia, para rastrear datos y parecidos faciales procedentes de la apertura de archivos en los procedimientos, que sobre detección ilegal, pudiera beneficiarse esta causa.
Entre sus reivindicaciones también figura la implantación de Oficinas Específicas de Atención a las Víctimas por la Causa de Niño Robado, ubicadas físicamente en las propias Audiencias Provinciales, o en su defecto en los órganos judiciales de competencia desde las distintas Comunidades Autonómicas.
