MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La asociación alerta de que la reforma anunciada "no sólo es ineficaz por la falta de imperatividad legal, sino que es redundante", puesto que en la actualidad ya se prevé en la Ley Hipotecaria la posibilidad de que las partes, entidad bancaria y deudor hipotecario, pacten desde el inicio la posibilidad de liquidar la deuda con la entrega de la vivienda.
JPD incide en que las relaciones contractuales entre la banca y los hipotecados "no son igualitarias", lo que ha provocado que "en la inmensa mayoría de las hipotecas suscritas estos últimos años en España no se incluya esta posibilidad, al no interesar a la entidad bancaria".
Por ello, la asociación reclama al Gobierno una reforma de la actual legislación en materia hipotecaria, que "no reparte equitativamente" los riesgos y perjuicios derivados de una eventual crisis económica como la presente. "Un código de buenas prácticas entre el sector bancario como el anunciado no establecerá un marco imperativo", alertan los jueces.
LA BANCA ACEPTA LA DACIÓN EN PAGO EN CASOS EXCEPCIONALES.
En este sentido, JPD explica que tras los años de crisis económica ya transcurridos se puede concluir que son "excepcionales" los casos en que, durante la tramitación de la ejecución hipotecaria, la entidad accede a la dación en pago o concede un aplazamiento.
Además de una regulación de la dación el pago, JPD propone subir el porcentaje por el que la entidad ejecutante pueda adjudicarse la vivienda del 60% al 80%, para equipararla al porcentaje previsto precisamente en la normativa del mercado hipotecario para la concesión de préstamos de esta naturaleza.
Asimismo, la asociación explica que convendría una regulación expresa del devengo de los intereses de demora, que en muchos casos son "elevadísimos", sin que haya existido efectivamente una auténtica negociación y cuyo crecimiento exponencial compromete a los hijos de los prestatarios e incluso a sus nietos.
Por último, JPD quiere advertir de que se tiene constancia de algunos casos en los que las entidades bancarias, inmediatamente después de adjudicarse judicialmente la vivienda por el porcentaje legal del 60% del valor de tasación, valoran el inmueble en su activo por el 100% de dicha tasación, a pesar de lo cual siguen instando judicialmente la reclamación del supuesto resto de la deuda.
