POR UNA LEY DE VÍCTIMAS
Una de las características del avance de la civilización radica en que la Ley regula las relaciones sociales excluyendo el uso de la violencia como forma de solución de conflictos en la sociedad.
Por ello, es imprescindible la existencia de un sistema que permita la intervención del Estado en caso de violación de las normas jurídicas que regulan su uso; ese es, precisamente, el papel de la Justicia.
Uno de sus déficits, y hay que decirlo claramente, es que estamos dejando fuera a los actores más importantes del proceso: las víctimas. Durante siglos han sido las grandes olvidadas de nuestro sistema penal. Se han convertido, en muchas ocasiones, en meros testigos de cargo contra el autor de un delito. Y, aunque esta concepción está cambiando, todavía no hemos encontrado una solución.
La protección de los derechos de la víctima debe extenderse durante toda la tramitación del proceso. Desde su inicio hasta la completa ejecución de la sentencia. Y se debe concretar bajo las premisas de resarcimiento, seguridad, audiencia, asistencia, dignidad e información.
Es importante establecer derechos y medidas de protección a las víctimas que participen en el sistema judicial para que no les genere una doble victimización, o lo que es lo mismo, para impedir que el contacto con la Justicia aumente su dolor, su sentimiento de inseguridad y la frustración que el delito le causó en su día.
Es necesario dar carácter legal a esa protección y reparación del daño causado. Las personas que delinquen ya tienen sus derechos reconocidos por la ley y, por razones de equidad y de solidaridad social, es necesario ocuparse de las víctimas, de una forma amplia, con normas de protección y amparo. Es decir, debe existir, porque es de ley y de justicia, una Ley de Víctimas del Delito.
