La cuestión estudiada es la creación de un área única que "engloba la atención de 6 millones de personas", y que podría dificultar la gestión, organización y funcionamiento del servicio sanitario.
El Ministerio de Sanidad ya se había dirigido a la Comunidad de Madrid durante el trámite parlamentario de la Ley para "advertirle de la probable ilegalidad de establecer un área de salud única para toda la Comunidad de Madrid, sustentándolo en la libre elección".