Diario del Derecho. Edición de 25/09/2020
  • Diario del Derecho en formato RSS
  • ISSN 2254-1438
  • EDICIÓN DE 01/12/2009
 
 

Algo más que un incidente frente al Peñón; por Paz Andrés Sáenz de Santamaría, catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad de Oviedo

01/12/2009
Compartir: 

El día 30 de noviembre de 2009 se publicó en el diario El Mundo un artículo de Paz Andrés Sáenz de Santamaría en el cual la autora opina sobre el episodio de los ejercicios de tiro de la Armada británica sobre una boya con la enseña rojigualda a unas cinco millas de Gibraltar. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

ALGO MÁS QUE UN INCIDENTE FRENTE AL PEÑÓN

El episodio de los ejercicios de tiro de la Armada británica sobre una boya con la enseña rojigualda ocurrido a unas cinco millas de Gibraltar ha sacado definitivamente a la luz la dimensión marítima de la controversia, faceta que en los últimos tiempos se ha venido complicando progresivamente.

En sus términos clásicos, la cuestión se resume en que conforme a la tesis oficial de España, basada en una interpretación literal del Tratado de Utrecht, todas las aguas de la bahía de Algeciras son españolas hasta el límite mismo de la costa del Peñón; se trata de una aplicación de la doctrina de la costa seca, que se presenta como una excepción al principio general de que la tierra domina al mar, explicable por el particular estatuto jurídico de Gibraltar.

Por el contrario, el Reino Unido reclama derechos sobre las aguas del Peñón y en sus cartas náuticas oficiales las ha delimitado, extendiéndolas milla y media hacia el oeste, en el interior de la bahía, y tres millas en las zonas sur y este. La firme posición teórica española siempre se ha contradicho en la práctica con una cierta permisividad hacia las pretensiones británicas, pues nunca se ha hecho uso de la posibilidad de trazar una línea de base recta para cerrar ese espacio y las autoridades marítimas españolas desarrollan escasas actividades en él.

La larga convivencia con este estado de cosas, salpicada con cierta frecuencia por incidentes entre patrulleras británicas y españolas, empieza a alterarse de forma significativa cuando el ministro principal Caruana incorpora el tema a su clara y progresiva estrategia de consolidación del estatuto de la colonia, y a lo largo de 2008 defiende en varios foros la existencia de un mar territorial de Gibraltar, esgrimiendo una tergiversada interpretación de la Convención sobre el derecho del mar y ocultando que, en los casos de controversias sobre territorios no autónomos, el ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención está condicionado al respeto de las resoluciones adoptadas al efecto por las Naciones Unidas.

Con posterioridad, ya este año, presenta ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión por la que se crea, a propuesta de España, un lugar de interés comunitario en los espacios marítimos próximos al Peñón y llama a las embarcaciones a desobedecer los requerimientos de las autoridades españolas.

En este escenario de creciente presión, sólo un acuerdo de última hora para dejar a un lado la disputa sobre las aguas permitió en julio pasado la celebración en el Peñón de la tercera reunión ministerial del Foro Tripartito de Diálogo, con la presencia del ministro español Moratinos. Ese pacto previo facilitó la histórica reunión pero al mismo tiempo impidió que sirviera para encauzar la situación. Como consecuencia, el comunicado en el que se recogen los resultados advierte que nada en los textos convenidos o en cualquier arreglo alcanzado conforme a ellos o en lo realizado u omitido con base en tal arreglo perjudicará ninguna posición en relación con el caso planteado por Gibraltar ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, ni podrá ser utilizado en conexión con ese caso. De esta forma, la reunión tripartita no ha podido evitar la judicialización forzada unilateralmente por el gobierno de Gibraltar, la cual aporta inevitablemente un punto de incertidumbre desde la perspectiva de los intereses españoles. La situación se puede repetir e incluso agravar próximamente pues la Comisión pronto tendrá que renovar la lista y ya se está encontrando con la oposición británica.

En este contexto, la petición efectuada por la embajada del Reino Unido al Ministerio de Asuntos Exteriores el pasado 18 de septiembre de que la Guardia Civil deje de patrullar en las aguas próximas a Gibraltar, calificando su presencia como incursiones que violan la soberanía británica y negando cualquier derecho a España, supone un salto cualitativo respecto a la estrategia de Caruana. En efecto, tanto este dato como el hecho de que el nuevo gobernador de la colonia se haya apresurado a reivindicar los espacios marítimos nada más tomar posesión de su cargo, ponen de relieve el apoyo explícito del Reino Unido y colocan el conflicto sobre las aguas en el plano de las relaciones interestatales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha hecho lo que procede reiterando la posición española sobre las aguas de Gibraltar. También ha actuado correctamente convocando al embajador británico para pedirle explicaciones y protestar por el episodio de la boya. La presentación de excusas y garantías de no repetición por parte del Reino Unido es conforme a la práctica diplomática. Pero dados los antecedentes, no se puede considerar que la situación está perfectamente clarificada, como ha dicho nuestro ministro. La gravedad de lo sucedido, unida a sus antecedentes, permite afirmar que ha llegado el momento de hacer una valoración de la política española sobre Gibraltar desde que se puso en marcha el Foro Tripartito en 2004 alterando la postura tradicional, que nunca había admitido una cooperación directa con la colonia.

Entonces se explicó que se trataba de crear un clima de confianza mutua y cooperación, manteniendo las cuestiones de soberanía en el ámbito bilateral del Proceso de Bruselas, instaurado en 1984 entre el Reino Unido y España. No cabe duda de que el Foro ha permitido desbloquear la solución de problemas concretos largamente aplazados y establecer un ámbito de colaboración en beneficio de la zona en su conjunto. Los Acuerdos de Córdoba de 2006 han permitido a Gibraltar iniciar el uso civil compartido del aeropuerto y ampliar las extensiones de teléfono, mientras que España ha conseguido solucionar la cuestión de las pensiones de los antiguos trabajadores españoles en la Roca y abrir una sede del Instituto Cervantes, lo que aportaría cierta carga simbólica si no fuera porque el gobierno del Peñón no acaba de impulsar los trabajos necesarios para poder disponer de los locales.

Sin embargo, el Proceso de Bruselas, en cuya vigencia insiste España, se encuentra en estado de hibernación. El Reino Unido ha advertido en varias ocasiones que no entablará negociaciones sobre soberanía sin el consentimiento de Gibraltar, cuyo primer ministro ha declarado que la única virtualidad actual de dicho Proceso es la de ser consignado en los libros de Historia.

Los disparos a la boya en la que ondeaba una tela con colores rojo y amarillo han sido más que un incidente: en realidad, constituyen la expresión ofensiva de un problema serio de amenaza a la soberanía española sobre las aguas, al que se unen otros como el relleno de terrenos en la costa este de Gibraltar, el paraíso fiscal, la escasa colaboración para luchar contra la contaminación y el expolio de nuestro patrimonio arqueológico submarino y, sobre todo, el permanente intento de Caruana de conseguir en Naciones Unidas la supresión de Gibraltar de la lista de territorios no autónomos, argumentando que la aprobación en referéndum de la Constitución de 2006 constituye un acto de autodeterminación por el que los gibraltareños habrían establecido libremente su estatuto político.

España debería revisar su estrategia para incorporar elementos de firmeza que, sin afectar a la dinámica de cooperación emprendida, vayan más allá de la ingenua esperanza en los efectos virtuosos de la confianza y la buena voluntad mostrada por nuestro país. No en vano dice el refrán que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones.

Comentarios

Escribir un comentario

Para poder opinar es necesario el registro. Si ya es usuario registrado, escriba su nombre de usuario y contraseña:

 

Si desea registrase en www.iustel.com y poder escribir un comentario, puede hacerlo a través el siguiente enlace: Registrarme en www.iustel.com.

  • Iustel no es responsable de los comentarios escritos por los usuarios.
  • No está permitido verter comentarios contrarios a las leyes españolas o injuriantes.
  • Reservado el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.

Revista El Cronista:

Revista El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho

Lo más leído:

Secciones:

Boletines Oficiales:

 

© PORTALDERECHO 2001-2020

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A, de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 1.0 del W3C-WAI: abre una nueva ventana