En su intervención ante el pleno de la Cámara Baja, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, agradeció una reforma acordada “con tan elevado consenso” en las cámaras legislativas, después de un largo proceso en el que han sido escuchadas todas las voces implicadas e interesadas. “España ya cuenta -dijo el ministro- con el marco legal necesario para hacer real una Administración de Justicia homologable, en su vertiente de servicio público esencial, a otros servicios públicos avanzados”.
Caamaño explicó que este nuevo modelo comporta “una auténtica transformación funcional pensada para optimizar el rendimiento de la Administración de Justicia con la plena incorporación de las modernas tecnologías de la informática y la comunicación”.
Entre las novedades que también prevé la reforma procesal está la creación de los jueces de adscripción territorial, la supresión del traslado forzoso en los ascensos de magistrado, equiparación de las vacaciones de los miembros de la carrera judicial con la del resto de funcionarios, nueva regulación de la excedencia voluntaria para atender el cuidado de un hijo u otro familiar a cargo, cambio en el sistema de provisión de plazas en las audiencias provinciales o la supresión de determinados requisitos en los concursos de plazas.
Además, la nueva norma prevé una nueva regulación del sistema de señalamientos de los juicios a través de una agenda programada, gestionada por el secretario judicial siguiendo las directrices que determine el titular del órgano. Asimismo se incluye una nueva regulación en materia de fe pública judicial mediante la incorporación de sistemas de firma electrónica en la grabación de las actuaciones judiciales.
La Nueva Oficina Judicial contiene una estructura básica compuesta por dos unidades:
- Unidad Procesal de Apoyo Directo. Vinculada directamente al titular del órgano jurisdiccional y con la asignación del personal mínimo indispensable para llevar a cabo sus funciones.
- Servicios Comunes Procesales. Estarán bajo la dirección de los secretarios judiciales y asumen labores centralizadas de gestión y apoyo en actuaciones derivadas de la aplicación de las leyes procesales. Los hay de tres tipos:
Servicio Común General. Será el encargado de realizar las labores de registro y reparto de los asuntos ingresados, actos de comunicación y auxilio judicial, y otras funciones accesorias como gestión del depósito de piezas de convicción y del archivo de los procedimientos.
Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. Llevará a efecto la tramitación de los procedimientos en todos aquellos aspectos en que no resulte imprescindible la intervención del juez.
Servicio Común de Ejecución. Recibirá sentencias y demás actos a los que la ley reconoce carácter ejecutivo para asegurar su cumplimiento.
Por otro lado, se crean las unidades administrativas, que, sin estar integradas en la Oficina Judicial, se constituyen en el ámbito de la administración de justicia para dirigir, ordenar y gestionar los recursos humanos, así como para gestionar los medios informáticos, las nuevas tecnologías y otros medios materiales.
El ministro de Justicia hizo hincapié en que las medidas legislativas adoptadas persiguen “dotar de orden, racionalidad y simplicidad a nuestro sistema de justicia, para conseguir con ello que el Poder Judicial, independiente e imparcial, además de llevar a cabo su cometido constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, cumpla, como Administración, con las exigencias propias de un servicio público esencial, del que depende la garantía de nuestros derechos y libertades”.
A partir de la entrada en vigor de las reformas procesales hoy aprobadas, la puesta en marcha del nuevo modelo de Oficina Judicial se va a desarrollar en torno a dos grandes actuaciones de despliegue, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y en colaboración con las comunidades autónomas con competencias en la materia.
Audiencia Nacional. Se pretende realizar un ambicioso plan de modernización y reformas organizativas. En primer lugar, se implantará el Servicio Común general orientado a la tramitación electrónica de expedientes judiciales para posteriormente abordar la implantación del resto de servicios comunes. Este nuevo modelo, adaptado a las particularidades de este órgano judicial, también incluirá un nuevo diseño de Oficina Fiscal.
Despliegue progresivo. Respecto a las comunidades autónomas en las que las competencias de Justicia corresponde al Ministerio, se han seleccionado las ciudades de Burgos, Cáceres, Ciudad Real, Logroño, Palma de Mallorca y Murcia para iniciar el despliegue de la nueva oficina. La primera fase contempla un despliegue integral y, por tanto, incluye tanto el Servicio Común de Ejecución como el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento. A estas primeras ciudades seguirá un proceso progresivo por el resto de territorios.
