Para declararse incompetente, la magistrada el Juzgado de Instrucción 3 de Granada ha argumentado que lo acaecido en el partido judicial de Granada durante el alzamiento militar de 1936-1939 y años posteriores debe considerarse como crímenes "contra la humanidad" y que las desapariciones forzadas no acaecen "de una manera aislada" en cada partido judicial.