Esta norma tiene un objetivo doble: reforzar los mecanismos de prevención del sistema financiero español y de otros operadores económicos, para evitar que puedan ser utilizados para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo; e incorporar a la normativa española el contenido de la Directiva europea sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como la normativa posterior que establece criterios para su aplicación práctica.
El Anteproyecto de Ley será remitido ahora al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Banco Central Europeo para recabar los informes correspondientes, antes de su aprobación definitiva por el Gobierno para remitirla al Parlamento.
