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Contratos y sector público; por José Eugenio Soriano, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y colaborador de Iustel

04/05/2009
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El día 29 de abril de 2009, se publicó, en el diario El Economista, un artículo de José Eugenio Soriano en el cual el autor opina España es campeona en subirse al podio de los incumplimientos comunitarios en el ámbito de la contratación administrativa. Trascribimos íntegramente dicho artículo.

CONTRATOS Y SECTOR PÚBLICO

En el ámbito de la contratación administrativa, España es campeona… en subirse al podio de los incumplimientos comunitarios. Constantemente, la Comisión primero y el Tribunal de Justicia después nos ha ido colocando en tan indeseado liderazgo, porque, tanto PSOE como PP, y los partidos periféricos, se fueron encargando sistemáticamente de incumplir con las Directivas Europeas que obligaban a ir generando transparencia, seguridad jurídica, honradez y cumplimiento efectivo de los contratos. Uno y otro partido han ido boicoteando todos esos principios, afirmando y asentando la fama de pícaros que tenemos en la Unión Europea. El Patio de Monipodio, Rinconete y Cortadillo, hasta el Mismísimo Buscón, parecen monaguillos de ermita conventual al lado de nuestros alcaldes y de más munícipes, presidentes de Comunidades Autónomas y ministros. Baste pensar en lo que costó implantar la Directiva de Lucha contra la Morosidad, por citar solamente un ejemplo, para comprender de inmediato que la inflación, la desorganización, el atraso, son buscados de propósito por las Administraciones Públicas y su séquito, porque por entre las fístulas por las que se van colando los retrasos en los pagos, como bacterias que pudren el tejido social y lo rompen, siempre hay oportunistas ganadores de esa enfermedad provocada. Tiene maldita la gracia que ahora todo el mundo financiero se lleve las manos a la cabeza con el problema de la morosidad, cuando culturalmente las Administraciones primero y su cortejo de grandes empresas dependientes han jugado con la desesperación y la sanidad de miles de empresarios que habían suministrado sus productos y que ven como nunca se les paga. Tiene poca gracia también comprobar como unos y otros partidos políticos están totalmente de acuerdo con esta morosidad malvada y letal para la economía y son los primeros en no pagar sus deudas y deber así inmensos favores a las entidades financieras que ahora se están cobrando con los dineros de todos los contribuyentes, de todos los ciudadanos. Luego esta morosidad adquirirá otras características, pero al final, los listos pueden siempre sobre los trabajadores.

Y por seguir con el escaso gracejo de las Administraciones y su procesión de empresas, siempre en los temas de urbanismo, medioambiente y contratación, han logrado evitar a toda costa el imperio de la ley y el Derecho. Ya en Urbanismo el Parlamento Europeo acaba de llamar seriamente la atención sobre la corrupción existente y la falta de seguridad jurídica. Sobre contratos, continuamente nos sanciona, encogiéndose de hombros el Gobierno de turno, y es ano dudar, el próximo campo donde ya de una vez por todas, nos llamarán la atención por la inmensa corrupción y corruptelas que en este ámbito se dan. Desde fraccionar los contratos para saltarse los umbrales, hasta decidir por su cuenta en los contratos creando ámbitos puramente subjetivos e incontrolables por los jueces, las Administraciones Públicas continúan evitando aplicar conceptos reglados, transparentes y que permitan el juego limpio de que gane el que haga las cosas mejor y más baratas para los intereses generales. Y no hay que pensar en que ningún juez adoptará en estos ámbitos medidas cautelares rápidas; les encanta decidir cuando las cosas no tienen ya remedio y la sentencia no se puede ejecutar, pero sí enmarcar en un recuadro de oro que es lo que le habrá costado al pobre que haya intentado luchar contra situaciones evidentes, pero cuya revelación se le ocurre al juez encontrar años después tras sesudísimos estudios, retrasos sin cuento y años de polvareda sobre los expedientes. Cuando ya no sirven para nada es cuando en contratos, urbanismo y medio ambiente se dictan las sentencias.

Siempre que aparece una Directiva europea, de inmediato las leyes españolas del Gobierno de turno, sea cual sea su color político buscan algún escape, algún lugar por el que inaplicar las reglas fundamentales que provienen de Europa y continuar el juego de corruptelas a lasque obligan a estar y pasar a todos los que de ellos dependen, los cuales a su vez los transmiten al resto del cuerpo social. Si luego somos un pueblo amedrentado y sin personalidad, habrá que buscar las causas en presiones como éstas, que transmitidas continuamente, acaban haciendo pasar por normal lo que en un Estado de Derecho debería rechazarse de plano. Un ejemplo de lo que decimos se está dando con la reciente Ley de Contratos del Sector Público. Ejemplo, como pocos, del dicho: quien hizo la Ley hizo la trampa.

El texto legal juega a la vieja travesura de hacer una regla general muy aparente y luego buscar la excepción, para que, como en el Gatopardo, parezca que todo cambie para que todo siga igual. Con el fin de comenzar a combatir algunas corruptelas, el Art. 134 de la Ley de Contratos establece que cuando un contrato tenga criterios subjetivos no podrá decidir una sola persona, ni tampoco personal de la propia Administración.

Imaginemos, así, un Ayuntamiento que decide que en el contrato se valorará “la belleza”, “la armonía”, o cualquier concepto completamente indeterminado. Pues bien, para evitar que tales “¿conceptos?” se vuelvan los arietes del Puerto de Arrebatacapas, se establece que en tales casos la decisión de qué proyecto es el mejor tendrá que decidirla un colegio de al menos tres expertos externos a ese Ayuntamiento. Así, siendo externos y siendo tres, no se deja en manos del amigo de turno la decisión del contrato, que puede ser además multimillonaria.

Ésta es la regla general. Pero claro, no iba a dejar el texto legal la cosa así, porque podría ocurrir que ganara el concurso quien no quiere el munícipe de turno, o el consejero de la tanda correspondiente, o el funcionario del Ministerio adscrito a una determinada empresa durante años y años. Ni hablar. Eso hay que corregirlo. Y para corregirlo está la excepción. Y con alambicada redacción, muestra de que la vergüenza hay que taparla con alguna cortina o velo, el Art. 174 viene a decir que cuando se trate de “poderes adjudicadores” de los contratos públicos, pero que no sean Administración Pública… podrá decidir uno solo y si se quiere que sea de la casa pues también cabe. Y nada más fácil que hacer un fraude de Ley. Allí donde el Ayuntamiento crea que se le puede aplicar la Ley con su regla general, pues crea una sociedad municipal al cien por cien y fuera Ley y fuera regla general. Que venga la excepción a consagrar que así podemos seguir haciendo lo que queramos Claro que los jueces pueden llegar a la conclusión de que nos encontramos ante un caso de libro de aplicación del fraude de Ley y del abuso del Derecho. Por ello, la pregunta es: ¿se atreverán a levantar el velo del fraude? Si lo hacen, habremos dado un paso de siglos sobre la picaresca y, si no, seguiremos entre el guitón, bigardo o pícaro como demostrativo de que lo bruto y lo sórdido continúa haciendo a los españoles ronceros pesimistas que no tienen arreglo.

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