El objetivo es dinamizar el sector servicios y promover la creación de empleo, introduciendo más competencia en un sector que representa dos tercios del PIB y del empleo en España. Se espera un incremento adicional del PIB alrededor del 1,2 por 100 y la creación de entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo.
Se modifican 46 leyes estatales, entre las que destaca la que regula los Colegios Profesionales.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y ha recibido un informe sobre el Anteproyecto de Ley de modificación de diversas leyes para su adaptación a dicha norma. Con estos proyectos se transpone la Directiva de Servicios al ordenamiento jurídico español.
Estas nuevas normas permitirán abrir el sector servicios español al mercado único europeo y avanzar en la terciarización de nuestra economía gracias a la creación de un entorno más favorable y transparente para el desarrollo de las actividades de servicios en España, que generará ganancias en eficiencia, productividad y empleo, y un incremento de la variedad y calidad de los servicios disponibles para los ciudadanos y las empresas.
El Gobierno introduce, además, una reforma ambiciosa del sector, mas allá de la mera aplicación de la norma comunitaria, lo que supondrá un verdadero cambio en la cultura regulatoria en nuestro país.
Impulsará la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas españolas en el sector servicios, que representa el 66 por 100 del PIB y del empleo en España. Como resultado de todo el proceso a nivel estatal, autonómico y local, se prevé la creación de entre 150.000 y 200.000 empleos y un incremento adicional del PIB alrededor del 1,2 por 100.
El nuevo marco beneficia particularmente a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, para quienes los costes de entrada y las cargas administrativas que experimentan cada día son proporcionalmente mayores.
