Los tiempos de espera, la insuficiencia de la plantilla y la del horario son los motivos principales de descontento sobre los Registros Civiles, cuya organización y funcionamiento sigue siendo, de forma creciente, uno de los flancos más débiles de la modernización de la justicia. Por ello, constituye uno de los puntos clave del Plan de Modernización aprobado por el Pleno del CGPJ el pasado 12 de noviembre, que aboga por la desjudicialización de estos departamentos.
El informe anual del CGPJ explica que pese a las medidas adoptadas por las administraciones públicas competentes, no se logran subsanar las deficiencias por el espectacular incremento del volumen de trabajo que soportan muchos Registros, la ampliación de sus competencias por sucesivas reformas legales y la complejidad de muchos de los expedientes que se tramitan.
Estas circunstancias han dado lugar al establecimiento de sistemas organizativos basados en la limitación de las personas que pueden ser atendidas cada día y que provocan elevadísimos tiempos de espera en el exterior de las dependencias judiciales para intentar conseguir uno de los limitados números que se facilitan, en muchos casos sin tener ninguna garantía de su efectiva obtención. Cuando el criterio organizativo se decanta por el sistema de cita previa, las fechas disponibles son tan lejanas en el tiempo que provocan el lógico malestar de los afectados.
Tras los Registros Civiles, siguen en orden de importancia las reclamaciones sobre los órganos de la jurisdicción penal, con un 25,8 por ciento, y de la civil, con el 8,5 por ciento.
Por tipos de órganos, los juzgados mixtos, que son los más numerosos, también acaparan mayor número de reclamaciones: un 32 por ciento del total.
El peso de las quejas se corresponde con el que cada orden jurisdiccional tiene en el conjunto de la administración de justicia. Es decir, generan un mayor número de reclamaciones los órganos y los territorios que más asuntos procesan (por este orden:
penal, civil, social, contencioso-administrativo, vigilancia penitenciaria y menores).
Más quejas allí donde se acumula mayor volumen de asuntos Por territorios, al igual que el año anterior, es la Comunidad de Madrid la que concentra el mayor porcentaje de quejas, un 20,2 por ciento; cifra que duplica al de las comunidades que ocupan los puestos siguientes (Cataluña, Andalucía y Valencia)y que, además, registra un notable incremento sobre 2007, con un 33 por ciento más de demandas. Navarra, Cantabria y La Rioja son las que menos quejas recibieron en 2008.
El informe advierte que el mayor número de quejas dirigidas a una Comunidad Autónoma no significa necesariamente una peor calidad del servicio prestado por sus órganos judiciales. Un elevado porcentaje puede obedecer a la cantidad de juzgados y tribunales del territorio, al nivel de litigiosidad y de usuarios, o incluso deberse a la mera existencia de mecanismos que facilitan los cauces para la reclamación.
El derecho a una justicia atenta antes que la preocupación por una justicia ágil La memoria de la UAC para 2008 confirma la tendencia creciente en la presentación de reclamaciones, desde el año 2004, cuando se inició esta estadística de cumplimiento de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia y se instalaron buzones para recoger estas quejas en las sedes judiciales.
Los ciudadanos han recurrido a la reclamación un 32 por ciento más en 2008 que en 2007. Aumenta el número de quejas, la diversidad de motivos de reclamación y los órganos jurisdiccionales afectados.
El 78,5 por ciento de las demandas recibidas alegan vulneraciones de los derechos reconocidos en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. De éstas, casi 9 de cada 10 quejas -el 89,1 por ciento- se refieren al incumplimiento del derecho a una justicia atenta y ágil.
Durante 2008 se ha producido un fenómeno inédito: la principal preocupación de los usuarios de la Justicia ha dejado de ser la lentitud de los procesos, que pasa a un segundo puesto en la lista de reclamaciones, por detrás de la atención al ciudadano.
Concretamente, un 45,5 por ciento denuncia el incumplimiento del “derecho a una justicia atenta”, es decir, por el trato recibido, la puntualidad, la adecuación de las sedes judiciales, el deber de identificación de los funcionarios, la atención personal de magistrados y secretarios y el uso de las lenguas cooficiales.
En segundo lugar, otro 43,5 por ciento se quejan de la lentitud en la tramitación de los asuntos, o lo que es lo mismo, denuncian que se incumple el “derecho a una justicia ágil y tecnológicamente avanzada”.
Los medios más utilizados para la presentación de denuncias y reclamaciones son, por este orden, los buzones instalados al efecto en las sedes judiciales (52 por ciento), el correo ordinario o la presentación en el registro del CGPJ (39 por ciento) y el correo electrónico (9 por ciento).
La tercera parte de las reclamaciones generan mejoras directas El incremento progresivo de reclamaciones apoya la conclusión del informe de que cada vez está más asentada la percepción que los ciudadanos expresan en sus escritos de que las quejas no son una mera expresión del descontento, sino que se conciben y utilizan por parte de los receptores del servicio como un cauce de participación y de contribución social a la mejora de las instituciones públicas.
Según su informe anual, el CGPJ calcula que el 35 por ciento de los motivos de denuncia expresados por los ciudadanos han generado un avance real en la calidad del servicio prestado por los órganos judiciales, ya que han dado lugar a medidas de mejora en el funcionamiento de los juzgados y tribunales.
Las actuaciones generadas desde el CGPJ como respuesta a reclamaciones ciudadanas suman un total de 4.797 medidas concretas de mejora, la mayor parte de ellas consistentes en el refuerzo de personal (3.783) en los órganos judiciales, dotación de medios materiales, medidas procesales y relativas a la organización de la oficina judicial.
