FÚTBOL EN EL PARLAMENTO EUROPEO
El Parlamento Europeo aprobó el pasado 29 de marzo una interesante, aunque farragosa, resolución sobre el futuro del fútbol profesional en Europa. Ésta habrá sorprendido, sin duda, a los aficionados a este deporte, que, a pesar de contarse por decenas de millones en el conjunto de países que componen la Unión Europea, no habían recibido hasta ahora la más mínima información sobre la decisión que se estaba gestando.
En la resolución, que comienza reconociendo que “el deporte europeo y el fútbol en particular son parte inalienable de la identidad, la ciudadanía y la cultura europeas”, se expresa un cúmulo de preocupaciones sobre las cuestiones más variadas, que van desde la inseguridad jurídica que genera la frecuente colisión de las normas emanadas de los organismos deportivos con los principios básicos del Derecho Comunitario -tales como la libre circulación de personas, la libre prestación de servicios, la no discriminación y la libre concurrencia- hasta la persecución de “las actividades delictivas que afectan al fútbol profesional, incluido el blanqueo de capitales, las apuestas ilegales, el dopaje y el amañamiento de partidos, así como la prostitución forzosa con ocasión de grandes espectáculos futbolísticos”, pasando por la formación de jóvenes jugadores, la protección de la cantera, la lucha contra el racismo o la participación de los aficionados en la propiedad y gestión de los clubes.
Sobre todos estos asuntos, la resolución se limita, como es lógico, a sugerir, recomendar o pedir a las autoridades en cada caso competentes -las propias instituciones comunitarias, los gobiernos y parlamentos de los estados miembros, la UEFA y la FIFA, a todas las cuales se dirige- la adopción de las medidas pertinentes, que, naturalmente, no precisa. Hay, sin embargo, una notabilísima excepción, en la que la resolución insiste con una reiteración llamativa: la relativa a la comercialización de los derechos correspondientes a las retransmisiones televisivas.
En este tema, la resolución es absolutamente categórica: sostiene, en efecto, que la venta colectiva de esos derechos “es fundamental para proteger él modelo de solidaridad financiera del fútbol europeo” y condena enérgicamente “la venta individual de derechos de retransmisión practicadas en ciertas ligas”, de la que afirma, sin la más mínima vacilación ni matizaciones de ningún tipo, que “es contraria al principio de solidaridad y amenaza con destruir completamente el equilibrio deportivo”.
La resolución no cita a España ni a Italia, a cuyas ligas alude. Sin embargo, de señalar a nuestro país se ha encargado William Gaillard, consejero del nuevo presidente de la UEFA -el ex futbolista francés Platini-, que, según recogía la prensa del pasado día 30 no dudó en afirmar públicamente que “España debe dejar de ser la excepción en la negociación individual de los derechos de televisión por los clubes”.
La “amenaza de destruir completamente el equilibrio deportivo” que tanto parece preocupar al Parlamento Europeo no viene, como cualquiera podría suponer, del amaño de los resultados de los partidos con la complicidad de los árbitros -esto es, del escándalo del Moggigate-. La amenaza viene de la propia negociación que en España realizan nuestros clubes de sus derechos de retransmisión, y hay que suponer que del Real Madrid y el Barcelona en particular, puesto que ellos son, lógicamente, los que obtienen mayores ingresos por este concepto.
Con todos mis respetos para el Parlamento Europeo, esto es un auténtico sinsentido. El equilibrio competitivo del fútbol profesional goza en España de una salud que para sí quisieran otras ligas europeas en las que los derechos de retransmisión se venden de forma centralizada, como es fácil de comprobar con sólo echar un ligero vistazo a las tablas de clasificación que cada lunes ofrecen las páginas deportivas de los periódicos.
El Real Madrid y el Barcelona no se reparten entre sí los títulos todos los años, ni mucho menos. En los últimos cinco, el Valencia ha ganado dos veces el campeonato de Liga, igual que el Barcelona, en tanto que el Real Madrid lo ha ganado una sola. Junto a estos tres clubes hay otros cinco que han conseguido uno de los cuatro puestos que cada año dan acceso a la Champions League. Entre ellos, hay algunos bien modestos como el Villarreal, que llegó el año pasado a las semifinales de la Champions, el Osasuna y el Celta de Vigo, que este año, en cambio, lucha por evitar el descenso de categoría. Un recién ascendido como el Recreativo de Huelva, que llegó a la final de la Copa del Rey hace dos años y descendió luego a Segunda División, opta este año, tras recuperar la categoría, a clasificarse en uno de los lugares que dan derecho a jugarla Copa de UEFA, lo mismo que el Getafe, al que hace dos años no conocía nadie y que este curso es ya semifinalista de la Copa del Rey, de la que el Real Madrid fue eliminado tempranamente. Y eso sin contar al Sevilla, el mejor club europeo del ano pasado, vencedor de la Copa de la UEFA y de la Supercopa (frente al Barcelona, por cierto) y firmísimo aspirante esta temporada al título de campeón de Liga.
El equilibrio competitivo no corre, como puede verse, riesgo alguno, y mucho menos a causa del sistema aquí imperante de negociación individualizada de los derechos de televisión. El Real Madrid y el Barcelona son, ciertamente, grandes del fútbol europeo y mundial. Pero lo eran desde hace ya mucho tiempo y los promotores de la resolución que nos ocupa del Parlamento Europeo no pueden ignorar que el Real Madrid ganó las cinco primeras Copas de Europa, una tras otra, hace ya 50 años. Entonces también era más rico y más fuerte que la mayoría de los clubes europeos, porque tenía más socios y contaba con un estadio capaz para 100.000 espectadores, que eran las fuentes de ingresos de la época, y nadie dijo nunca que amenazara por eso con destruir completamente el equilibrio competitivo.
Tampoco corre ningún riesgo -por esta causa al menos- la estructura piramidal característica del modelo de fútbol europeo, ni la solidaridad entre el deporte profesional y el deporte aficionado, que es el otro gran argumento que la resolución utiliza para justificar su propuesta de venta centralizada de los derechos de retransmisión televisiva. No hay club profesional de un cierto porte que no tenga formaciones B y C en las ligas inferiores, equipos de juveniles, alevines, infantiles y/o convenios de todo tipo con clubes de su comarca, su provincia o su región, etcétera.
¿Por qué se dicen ahora estas cosas? ¿A qué se debe este súbito acceso de demagogia? Porque, vista la inconsistencia de los argumentos esgrimidos, no puede entenderse de otro modo la propuesta, tan enfáticamente formulada además, de imponer la “socialización” de los derechos de televisión de los clubes de fútbol, que en eso consiste la venta centralizada que la resolución postula. Una socialización parcial, por lo demás, y consiguientemente discriminatoria, porque no tiene en cuenta para nada otros factores, como el distinto tamaño de los mercados de televisión, que beneficia claramente a los clubes ingleses.
Da toda la impresión de que el Parlamento Europeo se ha dejado enredar por organizaciones y grupos de presión que conocen muy bien el terreno, pero que actúan pro domo sua. El fútbol profesional europeo tiene, ciertamente, problemas. En mi opinión, tres, al menos, muy serios, por los que habría, en consecuencia, que empezar. El primero de ellos, el de asegurar la democratización, la representatividad y la transparencia de los organismos de autorregulación, especialmente de los supranacionales, que tienen muy cerca un pasado autocrático muy poco presentable del que todavía hay huellas demasiado visibles (la prohibición de acudir a la Justicia ordinaria so pena de excomunión, por ejemplo, que la resolución reprocha expresamente a la FIFA, pero que fue también la regla en Europa hasta que Bosman se atrevió a romperla).
El segundo, deslindar con toda la precisión posible el ámbito de lo estrictamente deportivo y, por consiguiente, propio de los organismos de este carácter de lo que trasciende al escenario social y económico general y pertenece por ello a la competencia de las autoridades generales, nacionales y supranacionales, correspondientes. El tercero, en estrecha relación con el anterior, determinar, con el rigor que reclaman siempre las excepciones, lo que hay realmente de específico en el fútbol profesional y reclamar por ello reglas también especiales, distintas de las que rigen con carácter general las demás actividades económicas.
Nada tiene que ver esto, como es obvio, con los ingresos, de los futbolistas o de los clubes, que, como los de cualesquiera otros ciudadanos y empresas, no pueden ser objeto de regla especial alguna porque en una sociedad democrática ninguna autoridad puede limitar legítimamente a priori los ingresos de nadie. La solidaridad exige, ciertamente, correcciones, pero éstas sólo pueden introducirse a posteriori y por la vía de los impuestos que todos votamos. Sorprende -y preocupa- que el Parlamento Europeo, que ha de ser guardián y garante de nuestras libertades, haya podido pensar y decir otra cosa.
