§1010606
Hace ya 12 años que el Colegio de Abogados de Madrid empezó a preocuparse por el triste y trágico problema de la emigración. Creamos entonces un Aula de Emigración destinada a la formación de abogados en una materia jurídica tan delicada y exigente, que se constituyó de manera inmediata en un foro de debate social y de preparación técnica ante un problema que podía ya adivinarse, pero que todavía no había llegado a nosotros.
En España tenemos la obligación de acoger a quienes vienen para buscar una nueva oportunidad en sus vidas, creando las condiciones para que no se encuentren aquí con las mismas, parecidas o peores injusticias que les llevaron a huir del lugar donde nacieron.
Los abogados de Madrid hemos asumido desde hace tiempo la tarea de garantizar que la aplicación del Derecho a los emigrantes se desenvuelva en el marco de la dignidad básica de la persona, cualquiera que sea su color, su raza o su religión. Hay que evitar a toda costa que el derecho sea distinto, que cambie a peor, porque quien pida justicia sea un emigrante. Ello nos ha llevado a dotar a la asistencia jurídica y al turno de oficio de la emigración de unas especialísimas exigencias de formación, disponibilidad y calidad.
Desde ese punto de partida, totalmente respaldado por los poderes públicos de la Comunidad de Madrid, concierne a las Administraciones desarrollar además otras políticas. El encauzamiento de las corrientes migratorias no es tarea fácil, pero si algo se puede hacer es informando mucho y bien en origen y acogiendo cuidadosa y ordenadamente en los lugares de destino.
Todo esto es muy costoso, pero es la única forma de que la ciudadanía no llegue a confundir extranjería con delincuencia: eso es la xenofobia. Si la prevención del delito y la seguridad callejera funcionaran bien, sin mirar el color de la piel, y si las víctimas de cualquier delito recibieran el apoyo y la tutela jurídica vigorosa e inmediata que requieren, esa tentación xenófoba podría superarse.
En el Estado de Derecho es compatible la firmeza en la preservación de la seguridad con la garantía de los derechos de los inculpados. El sistema de garantías no fomenta la delincuencia, sino que la persigue con dignidad y eficacia. La misma dignidad y eficacia que ha de tenerse en la prevención y persecución del crimen con arreglo a Derecho.
