Celso Delgado, portavoz del Partido Popular, consideró que el paso del proyecto por la Cámara Alta ha permitido introducir mejoras en el texto para avanzar en el equilibrio entre los intereses de fabricantes alimentarios y distribuidores.
Una de las enmiendas incorporadas establece que en aquellos casos en que las partes acuerden aplazamientos de pago de los productos de consumo no se podrá exceder en ningún caso los 90 días para hacer efectivos los intereses derivados de ese retraso.
De este modo, en los casos en los que se prevean compensaciones económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario cuando hay acuerdo expreso entre las partes, no podrán sobrepasarse los 90 días para efectuar el pago.
El Proyecto de Ley de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales supone la transposición de una directiva europea del año 2000 y persigue reducir los plazos de pago de forma que no se supere el mes, para lo que establece el abono de intereses cuando se exceda de dicho plazo.
La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas mostró su insatisfacción por la aprobación del Proyecto porque la regulación de los plazos de pago ha quedado finalmente en 90 días.
En este sentido, la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas advirtió de que España es el país desarrollado del mundo que tiene un aplazamiento de pago mayor, que en algunos casos alcanza los 6 meses.
