Estas iniciativas sólo fueron respaldadas por los grupos proponentes. El resto, bien se abstuvo, como Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco, mientras que el Partido Popular y el Partido Socialista las rechazaron, aunque por motivos distintos.
El Partido Popular fue especialmente crítico con los proyectos. “No existe un clamor social, ni una demanda real de la sociedad española, ni un claro movimiento que reivindique la ampliación de la actual regulación del aborto”, apuntó Alicia Castro, que entiende que esta posibilidad rompería “el equilibrio constitucional entre el derecho de la mujer y el de la vida humana en formación”.
Pese a la votación que se produjo en el Congreso, que supone aplazar al menos hasta el año que viene el debate sobre la ampliación del aborto, la línea con la que trabaja la Secretaría de Igualdad de la dirección del Partido Socialista, cuya responsable es Maribel Montaño, es regular el aborto libre en las doce primeras semanas de embarazo.
Esta modificación que el Gobierno prevé introducir en una reforma más amplia del Código Penal a lo largo de la legislatura permitirá a una mujer abortar en ese plazo sin necesidad de alegar una causa -de las legalizadas actualmente- y sin tener que contar con un informe médico que avale su pretensión.
Los planes del Partido Socialista pasan, en cualquier caso, porque entre la formalización de una petición de aborto y su decisión definitiva, una mujer pueda contar con un asesoramiento profesional, de forma que transcurran varios días para reconsiderar su criterio.
