LA REFORMA JUDICIAL
Opina el autor en este artículo que la consolidación de la realidad social y económica de España no se hace desde el quebranto a la Justicia, el desprecio a la tutela de los derechos y libertades o desde la despreocupación por la eficiencia de la Administración de Justicia, sino que su modernización y apertura a los ciudadanos junto con la agilidad, eficacia y calidad son fundamento del bienestar social y de progreso.
Todos los gobernantes comprometen acciones concretas que den satisfacción al artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos cuando establece que “toda persona tiene derecho a que su causa sea vista equitativa y públicamente en un plazo razonable por un Tribunal independiente, imparcial, establecido por la Ley”.
Considera que, seguramente, han calado las razones que exigían una atención preferente, tanto por la aceptación sin reservas del concepto de servicio público de la Justicia como por la reafirmación de la Justicia como sustento del Estado democrático de Derecho garantizando derechos fundamentales y libertades públicas, debiendo disponer de los medios necesarios para asegurar este umbral de protección.
Igualmente, entiende Fernando Fernández, que la buena justicia tiene un impacto beneficioso sobre la reforma estructural de la economía, ya que de igual manera que las empresas compiten, también los ordenamientos jurídicos y los sistemas judiciales lo hacen, por lo que el ineficiente en términos de duración de los procesos, costes e inseguridad jurídica por impredecible, supone un coste añadido para las empresas influyendo negativamente en sus decisiones estratégicas.
Así, destaca el autor la necesidad de culminar el proceso de modernización del país para obtener en la Administración de Justicia un servicio transparente, comprensible, atento y amable, responsable, ágil y tecnológicamente avanzado, protector de los más débiles y de las víctimas.
Cada partido político, con su propio ideario y su particular programa de gobierno, tiene la misma finalidad: la reforma judicial. La unidad e identidad de objetivo no excluye sin embargo la pluralidad y diversidad de caminos a recorrer, pero, considera Fernando Fernández, que el significado de la palabra reforma no se ha entendido bien ni es el mismo para todos.
Para unos, la reforma judicial lo constituye el reparto competencial sobre la intendencia y organización administrativa de Juzgados y Tribunales; para otros, es la reforma procesal y sustantiva con especial incidencia en los principios de simplificación, oralidad, concentración e inmediación judicial o tratamiento “ad hoc” de un problema puntual; y, para muchos, la cuestión está en asentar los principios de sometimiento del juez a la ley, su independencia e imparcialidad, o en definir la naturaleza y funciones del Consejo General del Poder Judicial o el papel de los fiscales y del fiscal general del Estado.
Así, el autor considera que a estas alturas el número de ineficiencias judiciales, aunque en menor medida, aún continúa, lo que demuestra que el verdadero objetivo de la reforma judicial no lo constituyen ninguna de aquellas propuestas que, aún siendo instrumentos poderosos de la misma no son, en ningún caso, el objeto mismo.
Entiende que la verdadera reforma judicial consiste en hacer frente a ese cúmulo de ineficiencias a través de un proceso que introduzca liderazgo claro, información precisa y fiable, asimilación del progreso tecnológico, motivación del personal y una gestión estratégica del cambio.
Fernando Fernández Martín termina su artículo afirmando que afrontar con decisión estos cambios puede prestar una alta y decisiva contribución a la normalización en el funcionamiento de la administración de Justicia y que de este modo deben encauzarse las propuestas políticas actuales en materia de reforma judicial.
