España recibió sanciones de la Unión Europea, por su incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de vertederos incontrolados, emisiones de gases, falta de áreas protegidas y estudios de impacto ambiental poco rigurosos o inexistentes, así como por el gran número de vertidos residuales que no controla.
El quinto informe anual de la Comisión Europea sobre la aplicación del Derecho comunitario del medio ambiente puso de manifiesto que España acumula amonestaciones de la Comisión y sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo en esta materia.
Las sanciones realizadas por la Comisión se refieren a temas tales como la no aplicación de la directiva sobre prevención de la contaminación del aire causada por tres incineradoras en La Palma. En este caso, la Comisión remitió un dictamen motivado al Gobierno por no comunicar las sanciones que se toman contra los infractores del reglamento sobre sustancias que dañan la capa de ozono.
En el año 2003, el Tribunal de la Unión Europea impuso una multa por la mala calidad de las aguas de baño interiores españolas. La cuantía de esa multa es de 624.150 euros al año, y ha de multiplicase por un coeficiente en función del porcentaje de zonas de baño que no cumplen la ley.
El mismo año el Tribunal de Luxemburgo condenó en mayo a España por no identificar las zonas sensibles en materia de aguas residuales. Además de ser denunciado por la Comisión Europea por incumplimientos en materia de protección de la naturaleza.
Respecto al cumplimiento del Protocolo de Kioto, se permite a España aumentar hasta 2012 un 15 por ciento los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero del año 1990, pero en estos momentos se superan dichas emisiones en un 30 por ciento.
