Estas fueron algunas de las propuestas de resolución aprobadas en la última jornada del XIX Congreso de Jueces para la Democracia celebrada en Barcelona y que ha reunido a alrededor de 200 jueces y magistrados de toda España.
En concreto, la asociación ha acordado solicitar al Ejecutivo que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que depende del Ministerio del Interior, pase a encuadrarse orgánicamente en el Ministerio de Justicia.
Jueces para la Democracia ha acordado, asimismo, pedir al Ministerio de Justicia que reforme el artículo 90 del Código Penal y el 72.5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
Así, se pretende que no constituyan requisitos ineludibles para el acceso al tercer grado de tratamiento penitenciario el haber cumplido el periodo de seguridad de la mitad de la condena impuesta, ni el haber satisfecho las responsabilidades civiles impuestas en sentencia, con independencia de la capacidad económica del penado o de la declaración judicial previa de insolvencia.
