Según un estudio, empresas e instituciones deberían invertir unos 2.000 millones de euros para proteger sus datos de acuerdo con los criterios que marca la ley y en los próximos seis años las multas que deberán afrontar ascenderá a más de 40 millones de euros.
Los principales incumplimientos de la ley se centran en la ausencia de medidas organizativas para proteger el uso de la información y la carencia de medidas tecnológicas.
El bajo porcentaje de cumplimiento de la normativa se debe el desconocimiento que existe en el tejido empresarial sobre la existencia de la ley y la obligatoriedad de su cumplimiento, así como el manejo de datos en soportes tradicionales como el papel.
