La oferta de Izquierda Unida para las elecciones del próximo 14 de marzo incluye un apartado dedicado a lo que denomina “Una Justicia para el siglo XXI”, que esboza diferentes propuestas en materia judicial, penal y penitenciaria.
En su defensa de una justicia “independiente, eficaz, equilibrada y sensible a los cambios sociales”, Izquierda Unida considera que el Tribunal Constitucional debe tener representación de las Comunidades Autónomas y que sus miembros deben ser elegidos por el Parlamento.
También defiende la elección parlamentaria del Consejo General del Poder Judicial, al igual que del fiscal general del Estado, que podrá ser cesado por las Cortes y al que se limitará el mandato a cinco años improrrogables.
Asimismo, Izquierda Unida reclama cambios en el modelo del Ministerio Fiscal, la desaparición de la Audiencia Nacional y la redefinición de las funciones del Ministerio de Justicia, al tiempo que propone reforzar las competencias de un Consejo General del Poder Judicial también reformado.
Por último, propone unificar las carreras judicial y fiscal, reformar la política disciplinaria y potenciar la información a fin de aproximar la labor de la Administración de Justicia a los ciudadanos.
