La Asociación contra la Injusticia y la Corrupción se querelló ante la Sala Penal del Tribunal Supremo contra los magistrados del Tribunal Constitucional por presunta prevaricación después de que éstos fueran condenados por la Sala Civil a pagar a José Luis Mazón un total de 5.500 euros como autores de una “negligencia profesional grave” al no haber examinado el recurso de amparo.
Ante la querella contra los miembros del Tribunal Constitucional y antes de adoptar decisión alguna al respecto, la Sala Penal del Tribunal Supremo, presidida por el magistrado Luis Román Puerta, solicitó un informe previo a la Fiscalía para que opinara al respecto.
Ahora el teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón ha respaldado la actuación legal de los magistrados condenados.
Así, la Fiscalía descarta que los magistrados del Tribunal Constitucional cometiesen delito alguno y afirma que los mismos actuaron de forma “legal, acertada y razonable” al no tramitar el amparo que solicitaba José Luis Mazón.
