La norma, que entró en vigor el pasado mes de septiembre, es el resultado de la transposición de una directiva comunitaria con la que se pretende homogeneizar la protección al consumidor en los mercados interiores de cada país.
Así, Juan Rodríguez Yuste señaló que esta ley acaba con “vicios ocultos” como la brevedad del plazo de seis meses de garantía o los problemas de prueba e inadecuación de los derechos de garantía legal y los intereses reales del consumidor.
Entre las novedades de esta ley, el conselleiro subrayó la ampliación del plazo de garantía de seis meses a dos años, que pueden ser tres si hay acciones legales.
También recordó que para productos de segunda mano la garantía mínima será de un año en caso de pacto entre consumidor y vendedor, o de dos años en caso de que no haya acuerdo.
