Las partidas destinadas a ambos conceptos suman un total de 68 millones de euros, muy por encima de los 22,22 millones dedicados a implantar los juicios rápidos.
Así, el Gobierno especifica que en la segunda anualidad del Pacto de Estado sus “principales líneas de actuación” fueron: el Plan global de infraestructuras de la Administración de Justicia (37,90 millones); el Plan de Modernización de la Administración de Justicia y Registros Civiles (30,11 millones); y los juicios rápidos (22,22 millones).
El Ministerio de Justicia recalca que la puesta en marcha de los juicios rápidos ha supuesto un incremento de la actividad de los juzgados de instrucción, fiscalías y juzgados de lo penal, por lo que se ha incrementado “el coste por los servicios de guardia en dichos órganos, tanto por las actuaciones a realizar como por los plazos en que deben realizarse las mismas”.
Para el nuevo modelo retributivo se presupuestaron 16,77 millones, ya que la reforma de las retribuciones de las carreras judicial y fiscal, así como de los secretarios judiciales, constituía un “objetivo prioritario” del Pacto de Estado.
Además, un total de 13,74 millones se destinaron para personal ajustado al nuevo mapa judicial y 11 millones a la reestructuración orgánica. También se otorgaron otros 6 millones para programas de agilización de la Justicia; 4,5 millones para la reforma estructural de la Oficina Judicial; 3,83 millones para formación de personal; 2,60 para la Carta de Derechos del Ciudadano; 1,23 para los nuevos órganos judiciales y 0,80 para la informatización integral del servicio jurídico.
