El Ministerio de Hacienda asegura que se trata de un impuesto cuyas tarifas se diseñaron en 1978, con una situación económica y de tipos de interés muy distinta de la actual. Por tanto, considera necesario adaptar la tarifa a la rentabilidad financiera real que existe ahora, unos doce puntos por debajo de la de aquella época.
Desde el Gobierno son conscientes de que se trata de una reforma a medio plazo, porque hay que analizar la aplicación por las Comunidades Autónomas de la reforma del Impuesto sobre Sucesiones, prevista ya para este año, en sus primeros efectos, y que se extenderá a todas las herencias entre padres e hijos en enero de 2007.
La propuesta de reforma responde a las reclamaciones de buena parte de sectores e institutos de estudio españoles, que piden desde hace tiempo el fin de un impuesto que obtiene una recaudación de 338 millones de euros y afecta a 700.000 contribuyentes.
El Instituto de Estudios Económicos y la Asociación Española de Asesores Fiscales han denunciado incluso la posible inconstitucionalidad del tributo, por la doble imposición que implica al colisionar con gravámenes como el de la renta, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles o la plusvalía municipal.
