María Ángeles García afirmó que el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, ha sido muy receptivo y ha prometido ayudar en todas aquellas actuaciones que dependan directamente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para conseguir este objetivo.
Se trata de aunar voluntades para tratar de poner límite a la siniestralidad laboral. La finalidad es prevenir el siniestro y, en el caso de que ocurra, investigar con celeridad para obtener las suficientes pruebas y lograr sentencias condenatorias con las correspondientes indemnizaciones civiles.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial aseguró que la colaboración se pondrá en marcha el próximo mes de febrero y, para una mayor eficacia y persecución de estas conductas, sólo se iniciará en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
