La Agencia Estatal de Administración Tributaria está configurada como un ente de derecho público adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la secretaría de Estado de Hacienda. Como ente de derecho público tiene un régimen jurídico propio, lo que le confiere autonomía en materia presupuestaria y de personal.
La Agencia tiene encomendada la gestión, inspección y recaudación de los tributos estatales y la recaudación de los ingresos de la Unión Europea. Además gestiona y recauda ingresos de las Comunidades autónomas cuando así lo prevé alguna disposición legal o convenios de colaboración.
La actividad de la Agencia se basa en dos ejes: facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y llevar a cabo actuaciones de control y lucha contra el fraude que garanticen la equidad en la contribución de las cargas públicas.
Cristóbal Montoro consideró que establecer políticas sociales y límites de contribución por territorios es una decisión equivocada y peligrosa para todos que conllevaría a disminuir la actividad de lucha contra el fraude.
Por ello, el Ministro de Hacienda pidió al Partido Socialista que no rompa la “solidaridad interterritorial” por la propuesta conjunta de PSC y ERC de implantar un sistema de financiación autonómica distinto al que se pactó, por unanimidad, en julio de 2001 con los gobiernos autonómicos.
Así, Cristóbal Montoro consideró fundamental para el funcionamiento del mercado, el crecimiento económico y la creación de empleo la preservación de la solidaridad entre las diferentes Comunidades Autónomas, no sólo en materia de financiación autonómica, sino también en pensiones.
