El Proyecto de Ley defiende un sistema de la Seguridad Social basado en los criterios de universalidad, unidad e igualdad. El principio de unidad impide a las Comunidades Autónomas complementar las pensiones no contributivas.
Durante su tramitación en el Congreso, el portavoz del Partido Socialista en la Comisión de Política Social y Empleo en la Cámara Baja, Ramón Jáuregui Atondo, ya advirtió que si el texto se aprobaba en estos términos los socialistas se plantearían recurrir al Tribunal Constitucional.
Su homólogo de Convergència i Unió, Carles Campuzano i Canadés, se expresó en su intervención de ayer en los mismos términos, apuntando que no duda que, tal como queda redactado el texto, las Comunidades Autónomas recurrirán la Ley ante el Tribunal Constitucional una vez entre en vigor.
Una de las modificaciones más destacadas que recibió el texto durante su tramitación en la Comisión de Política Social y Empleo en el Congreso es que el Gobierno dificultará la evasión del pago de cotizaciones de empresarios a la Seguridad Social.
En concreto, el Estado obligará a pagar las cuotas a la Seguridad Social, que correspondan al empresario, a todo aquel que tenga empleados a trabajadores aunque formalmente no figure como empresario en los contratos de trabajo, en los registros públicos o en los archivos de las entidades gestoras y servicios comunes.