Según el Ministro de Justicia, José María Michavila, “la Ley de Arbitraje facilitará que un alto porcentaje de los conflictos no llegue a juicio”.
El objetivo de la nueva Ley de Arbitraje es conseguir una alternativa eficaz a la vía judicial para resolver los litigios entre empresas y entre particulares.
Su aplicación supondrá, por tanto, una disminución de la carga de trabajo de los órganos judiciales, lo que redundará en una mayor agilidad de la Administración de Justicia.
Pero además, la Ley de Arbitraje aprobada incorpora y adapta a la legislación la Ley Modelo elaborada por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Gracias a ello, los agentes económicos de los países con los que España mantiene activas y crecientes relaciones comerciales tendrán mayor conocimiento sobre el contenido del régimen jurídico del arbitraje en España, lo que facilitará e impulsará que se pacten convenios arbitrales.
Entre las ventajas que aporta la nueva Ley de Arbitraje destaca la rapidez ya que los trámites tienen una duración previamente establecida que no puede exceder de los seis meses.
Asimismo, recalca la Ley que se atribuye al laudo fuerza ejecutiva, incluso en los casos en que éste sea impugnado. Con la Ley actual no era posible aplicar un laudo recurrido ante la jurisdicción ordinaria.
